Hugo Guerra

Por enésima vez en la historia bicentenaria de la República, el gobierno navega a la deriva. La lógica nos diría que deberíamos estar en la oposición; sin embargo, estamos obligados a dar un ciego voto de confianza porque lo que está en juego no es el cargo de Jerí, sino la supervivencia del estado de derecho y el orden constitucional.

Hay momentos en el proceso político de las naciones en los que es imperativo exhortar a la prudencia para no desatar crisis de graves proporciones. Hoy, por ejemplo, debemos tener cuidado porque es mucho lo que está en juego para el futuro, mientras que las tensiones sociales acumuladas pueden hacer explosión.

Por segundo fin de semana consecutivo, el centro de Lima ha sido escenario de la violencia subversiva en la escalada desestabilizadora del régimen de gobierno.

Los desmanes violentos de un puñado de chiquillos mezclados con cuarentones y delincuentes no se pueden considerar —según dice cierta prensa cómplice— como “la protesta de la Generación Z”.

El peruano promedio, absorto en temas de interés local, no está percibiendo el gran fenómeno político que recorre a medio mundo: la rebelión conservadora contra el socialismo, el comunismo y las políticas woke y progresistas.

La semana pasada advertí desde esta columna que debe tenerse cuidado con la demagogia gubernamental en el caso de la denuncia del Pacto de San José y el sistema interamericano de derechos humanos. Mucho es lo que se dice y amenaza, pero nada lo que se ejecuta.

El giro discursivo hacia el centroderecha de Boluarte tiene como ejes la defensa de la soberanía nacional y la eventual denuncia del Pacto de San José, pero cuidado con la demagogia oficialista.

A propósito del cambio de ministro de Justicia, es urgente que el Ejecutivo y el Congreso trabajen conjuntamente para plantear la reforma del sistema judicial y del Ministerio Público, que hoy están en franca rebeldía contra el orden constitucional.

Finalmente, gracias al Congreso y al viraje ideológico de Dina Boluarte, estamos avanzando en el desmontaje de la república caviar y su tiranía judicial.

La provocación antiperuana del borrachín presidente colombiano Gustavo Petro es un disparate y, por lógica y derecho, el incidente debería quedar en el registro de las estupideces; pero la anécdota debe servirnos para tratar un tema de fondo urgente: nuestra política nacional de seguridad y de fronteras.

Con cinco alianzas registradas, y sin plazo para nuevas uniones, avanza a trompicones el complicadísimo proceso electoral 2026, respecto del cual las proyecciones deben perfilarse desde la emotividad popular antes que del análisis racional de la ciencia política y el cálculo de probabilidades.

El último mensaje de Boluarte, aparte de su tono desafiante y confrontacional, ha sido más de lo mismo: un aburrido recuento de obras (que deben presentarse en documento aparte) y un rosario de quejas para victimizarse como presidente y mujer.

La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso debe recaer en el almirante José Cueto Aservi, so riesgo de que continúe el servilismo con el gobierno de Boluarte en un año electoral.

La doctora Delia Espinoza, en adelante la fiscal caviar o fiscaviar, viene cometiendo una serie de barbaridades y abusos que resultan intolerables.

El Perú está en vísperas de comprar 24 aviones militares a un costo de 3,500 millones de dólares. Eso tenemos que celebrarlo y apoyarlo. Las voces críticas sobre el monto de la inversión (no gasto) son ridículas. Primero, porque el Estado tiene un presupuesto ya establecido y provisionado, de modo que no se trata de una improvisación o desembolso que afecte a otros rubros.

La Organización de los Estados Americanos ha entrado en una etapa que puede ser terminal. Su extremada politización e inutilidad la han convertido en una entidad estéril.
El punto sobre las íes lo ha puesto Estados Unidos al denunciar la falta de acciones contundentes con respecto a las crisis en Venezuela y Haití, e insinuar que se debería revisar la existencia del organismo.

Al momento de escribir esta columna persiste la bellaquería de Delia Espinoza y un puñado de fiscales supremos que no permiten reponer a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, según ha dispuesto la JNJ. Por tanto, es urgente que se reprima a los rebeldes.

Gracias a la iniciativa del almirante Jorge Montoya, por fin se va a investigar la muerte de Alan García Pérez, cuestión crucial porque estamos seguros de que se probarán los delitos de fiscales corruptos y la mafia política y mediática que complotó contra el exmandatario.