Los rebeldes deben ir a la cárcel
Al momento de escribir esta columna persiste la bellaquería de Delia Espinoza y un puñado de fiscales supremos que no permiten reponer a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, según ha dispuesto la JNJ. Por tanto, es urgente que se reprima a los rebeldes.
Resulta ocioso revisar a detalle la peripecia legal; pero en síntesis —tal como han explicado varios y prestigiosos juristas— Espinoza y sus corifeos deben ser destituidos por desacatar una orden específica de la Junta, infringir la Constitución, afirmar que hubo un golpe de Estado, expulsar a funcionarios y empleados que no se unieron a su ridícula vigilia, y nombrar a fiscales que supervisarán las elecciones generales a sabiendas de que está deslegitimada en el cargo.
Desde mi punto de vista, la destitución no es suficiente. Doña Delia y quienes la secundan deberían, además, ser detenidos por flagrancia y derivados a prisión preventiva mientras se les instruya por rebeldía contra el Estado de Derecho. Repugna ética y legalmente que, al amparo de cierta prensa inmoral, esta caterva se haya apoderado de una institución clave para el funcionamiento del sistema judicial de la República, intentando con descaro e ignorancia acciones seudoconstitucionales como mínimo calificables de intento de fraude a la ley.
La infiltración caviar, a través de una ONG, viene de veinticinco años atrás. Ha cooptado al personal crítico en todos los niveles para controlar casos clave como el de Odebrecht, incurriendo en acuerdos que implican inclusive traición a la patria.
Recursos como el Eficcop han servido de ariete para atacar a dirigentes de centro y derecha en una prolongada guerra política en la cual se ha impuesto una suerte de derecho penal del enemigo para condenar irregularmente a personalidades como Keiko Fujimori. También se hostigó hasta la muerte al presidente Alan García; y son muchos los periodistas presionados por acciones jurídicamente absurdas. Asimismo, la fiscalía se viene usando cual escudo para demorar procesos que a la izquierda caviar no le interesa sancionar, como el de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
Tras reponer a la doctora Patricia Benavides debe procederse a una intervención profunda que separe a los corruptos; y, en paralelo, el Congreso debe plantear una reforma integral del Ministerio Público. La patanería de Delia Espinoza y sus adláteres nos ha sumido en un caos intolerable de inconstitucionalidad, escándalo y oprobio. No podemos callar ante eso, so riesgo de convertirnos en republiqueta.
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