Guerra política y desmontaje de la república caviar
Finalmente, gracias al Congreso y al viraje ideológico de Dina Boluarte, estamos avanzando en el desmontaje de la república caviar y su tiranía judicial. Dos son los hitos fundamentales: la aprobación de la ley sobre la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002; y, la amnistía general al personal militar, policial o civil por los delitos originados a consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995.
Sin embargo, ahora debemos enfrentar la resurrección de la guerra política lanzada por los prosubversivos.
Jurídicamente no cabe discusión sobre la lesa humanidad. Esa tipificación no existía antes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de modo que cualquier causa que insista en ello es inconstitucional, tanto como el comportamiento de fiscales y jueces que invocan tal criterio por razones ideológicas.
Tampoco cabe oponerse a la amnistía porque ha sido concedida por el Congreso y aprobada por el gobierno dentro de un proceso democrático y constitucional inobjetable que corrige la aberración de que se haya estado aplicando el derecho penal del enemigo contra nuestras legítimas fuerzas del orden. Un abuso que ha durado tres décadas y que solo se explica por el odio contra militares y policías considerados “enemigos de clase”.
Por eso, los pronunciamientos contrarios del Poder Judicial y el Ministerio Público son actos de rebeldía institucional que derivan en prevaricato vía un distorsionado control difuso y un aberrante control de convencionalidad. Igualmente, los comunicados exaltados de grupos de abogados y ONG son disparates politiqueros que carecen de valor democrático; y el hecho de que los jesuitas defiendan la posición contraria a la paz, la justicia y la reconciliación ratifica que son una orden religiosa cómplice de la revolución marxista y de la progresía, además de ser profundamente antiperuana desde el siglo XVIII.
En este contexto, la arremetida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus pronunciamientos, lo mismo que los de algunos funcionarios de la ONU, resultan un repudiable intento de injerencia en los asuntos internos propios de la soberanía nacional, lo cual es inadmisible. Por ello, es exigible que la presidente Boluarte tome la decisión final de denunciar el Pacto de San José y saque al Perú de un sistema interamericano distorsionado, infiltrado por la progresía y el globalismo que pretende convertirse en un gobierno supranacional por sí y ante sí.
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