Contra la rebeldía judicial y fiscal
A propósito del cambio de ministro de Justicia, es urgente que el Ejecutivo y el Congreso trabajen conjuntamente para plantear la reforma del sistema judicial y del Ministerio Público, que hoy están en franca rebeldía contra el orden constitucional.
El caso más oprobioso es la resistencia de fiscales y jueces a aplicar las leyes recién aprobadas y en vigencia sobre la no existencia de crímenes de lesa humanidad y la amnistía a los militares y policías que lucharon contra el terrorismo y que están procesados desde hace 45 años.
La inaplicación de las normas la efectúan so pretexto del control difuso y del control de convencionalidad bajo formas pseudojurídicas. Al amparo del artículo 138 de la Carta de 1993, los magistrados mañosamente inaplican las normas con la excusa de que están en contradicción con la Constitución; y en cuanto a la convencionalidad, es un mecanismo que permite a los jueces inaplicar la ley cuando estas específicamente divergen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual favorece a los subversivos y sanciona sistemáticamente al Estado peruano.
Esto es taimado y politizado. La lesa humanidad nació con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y entró en vigencia el 1 de julio de 2002; por tanto, no puede aplicarse retroactivamente. En cuanto a la amnistía, es una institución jurídica regulada por la Constitución y el Código Penal, que permite extinguir la responsabilidad penal, suspendiendo y cancelando las sanciones impuestas. Si alguien tiene objeciones contra estas leyes, puede recurrir al control concentrado, es decir, al TC; pero, mientras estén vigentes, jueces y fiscales están obligados a aplicarlas en los más de 350 casos en los que se procesa abusivamente a personal militar y policial desde hace décadas. No hacerlo constituye rebeldía y prevaricato que debe ser reprimido con cárcel.
La actitud confrontacionista del PJ y de la Fiscalía es política e ideológica, alineada con la izquierda marxista y caviar, y tiene por objetivo sancionar a las fuerzas del orden a las que considera “enemigas del pueblo”; y actúan en complicidad con las ONG que trafican con los derechos humanos. Además, somete la soberanía nacional, cosa que no podemos permitir.
Por ello, urge avanzar con la reforma judicial, intervenir al Ministerio Público y decidir, de una vez por todas, la denuncia del Pacto de San José, para lo cual solo se necesita la voluntad de la presidenta de la República.
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