Comisiones bajo sospecha: el Congreso se degrada a sí mismo

La política peruana no necesita más golpes desde afuera; le basta con los que se propina a sí misma. La reciente elección de presidentes de comisiones en el Parlamento lo demuestra: bancadas como Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú y Avanza País han colocado al frente de grupos clave a congresistas cuestionados —algunos señalados en la opinión pública como “mochasueldos” o parte de los “niños”—, enviando un mensaje inequívoco de desprecio por la institución que dicen representar. No se trata de un “error de casting”, sino de una decisión consciente que rebaja la majestad del Congreso y confirma que, para ciertos dirigentes, la prioridad no es legislar para el país, sino proteger intereses particulares, aceitar lobbies y cerrar arreglos bajo la mesa.
Las comisiones son el corazón del trabajo congresal: allí se estudian proyectos, se escuchan a expertos y se marcan las prioridades de la agenda pública. Ponerlas en manos de parlamentarios sin credibilidad destruye su función pedagógica y fiscalizadora, debilita el control político y, sobre todo, normaliza la impunidad. ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en dictámenes “técnicos” elaborados por quienes cargan sombras que no despejan? ¿Cómo exigir transparencia al Ejecutivo si en casa se tolera lo intolerable?
La consecuencia es palpable: la gente asocia al Parlamento con corrupción, no con representación. En ese clima, la criminalidad crece, la inversión duda y el Estado pierde dirección. Cuando los congresistas actúan como corporación de autoprotección, el Perú entero paga la factura: se frenan reformas urgentes, se negocian prebendas y se deja de lado el bien común.
La responsabilidad es de las bancadas que avalaron estos nombramientos, pero también del pleno que calla y consiente. No basta con discursos indignados. Se requiere una agenda mínima de integridad que debería aprobarse ya: impedir por reglamento que investigados por delitos contra la administración pública presidan comisiones; hacer obligatoria la publicación de agendas y reuniones de todos los presidentes y vicepresidentes de comisión; voto nominal y público en todas las designaciones internas; evaluación semestral de desempeño con indicadores de productividad y transparencia; y sanciones efectivas para quienes usen el cargo para beneficio propio.
La ciudadanía, por su parte, debe tomar nota. En las próximas elecciones, el castigo democrático no puede quedarse en Twitter ni en la indignación de sobremesa. Hay que darle la espalda a quienes convirtieron las comisiones en refugios de conveniencia y premiar a quienes sostengan una línea clara de limpieza y competencia. Sin ese filtro ciudadano, volverá el ciclo de siempre: promesas en campaña, blindajes en la curul.
Este diario defiende la representación parlamentaria y la bicameralidad como pilares de la República. Precisamente por eso exigimos estándares altos. El Congreso no es botín ni mesa de partes de intereses privados. Es la casa de las leyes. Si las bancadas insisten en degradarla, perderán lo que más dicen cuidar: su legitimidad. Y cuando eso ocurre, no hay reglamento que alcance para recomponerla.
Todavía están a tiempo de corregir. Si no lo hacen, el país sabrá recordarlo en las urnas.

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