La discusión sobre la eventual compra de cazas F-16 no es —como algunos sugieren— una carrera armamentista. Es, ante todo, una decisión de Estado para recuperar capacidades operativas perdidas por décadas y afirmar la soberanía. En esto coinciden especialistas y analistas: el Perú necesita volver a volar alto. Pero necesidad no equivale a cheque en blanco.
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Editorial
Octavo día de paro indefinido y la escena se repite: consultorios cerrados, colas interminables, pacientes que regresan a casa sin citas ni medicinas, familias llevando alimentos a hospitalizados porque no hay personal de nutrición.
Desde mañana, EXPRESO dará un paso que consideramos esencial para la vida pública: lanzar un suplemento diario de Economía y Negocios, gratuito para nuestros lectores.
Las resoluciones que disponen la excarcelación de Betssy Chávez —por nulidad de la prolongación de su prisión preventiva— y de Martín Vizcarra —por insuficiencia de peligro procesal— han desatado reacciones previsibles: indignación, sospechas de favoritismo y el grito fácil de “impunidad”. Comprendemos el cansancio ciudadano frente a la corrupción y al uso político del poder.
La audiencia ante el Tribunal Constitucional volvió a mostrar el verdadero núcleo del caso que enfrenta a la lideresa de Fuerza Popular con el Ministerio Público: ¿puede perseguirse por lavado de activos a quien recibió aportes de campaña en los años 2011–2016 cuando esa modalidad recién fue incorporada al Código Penal en noviembre de 2016?
Bolivia encendió la alarma: predicciones fallidas, conflictos de interés y márgenes vendidos como certezas. El Perú ya conoce ese libreto.
La política peruana no necesita más golpes desde afuera; le basta con los que se propina a sí misma.
Lo que emerge en Bolivia no es una contienda más, sino una elección bisagra que parece cerrar un ciclo de veinte años y abrir otro con efectos que trascienden sus fronteras. Las encuestas colocan a fuerzas opositoras en el primer lugar y muestran a un MAS fracturado, dividido entre lealtades rivales y apuestas tácticas.
Mientras el país se desangra y un suboficial como José Gabriel Munive cae en La Victoria con un chaleco que tuvo que comprar de su bolsillo, el alto mando de la Policía Nacional del Perú pasea en camionetas premium financiadas con recursos reorientados desde partidas sensibles.
El Perú atraviesa una crisis de justicia que ya no admite parches ni discursos de ocasión. El descrédito del Ministerio Público y del Poder Judicial es hoy absoluto: la ciudadanía los percibe como instituciones politizadas, lentas y, en muchos casos, contaminadas por la corrupción.
En el Perú, el ejercicio del poder se ha convertido, en muchos casos, en un escenario propicio para la transformación psicológica de quienes lo ostentan. No se trata sólo de un fenómeno político, sino de un trastorno con nombre y explicación: el Síndrome de Hubris.
El planeta nos está hablando. En las últimas semanas, una seguidilla de sismos de mediana y gran magnitud ha sacudido diversas regiones del mundo: desde Asia hasta América Latina, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Lo que para los expertos puede ser parte de un ciclo natural en la dinámica de las placas tectónicas, para las sociedades es una señal de alerta que no debe ser ignorada.
La contundente advertencia del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, ante la Asamblea Ordinaria de la OEA en Antigua, marca un punto de quiebre necesario para el futuro de la región.
Qué país este, donde hasta los vehículos blindados de Palacio parecen tener más movimiento que la Fiscalía. En otras latitudes, el uso de un carro presidencial para transportar a un prófugo de la justicia condenado por corrupción generaría un terremoto político, pero aquí... apenas mueve el tráfico.
Atender al 36.8 % de la población nacional debería ser motivo de orgullo para cualquier sistema de salud. Sin embargo, en el caso de EsSalud, lo que debería ser una fortaleza se ha convertido en una prueba inapelable de su decadencia.
La encuesta de CIT Perú lo confirma con una contundencia irrefutable: el Perú atraviesa una crisis de representación sin precedentes. La presidenta Dina Boluarte apenas alcanza un 1,6 % de aprobación. Sí, leyó bien. Menos de dos de cada cien peruanos la respaldan. El Congreso, por su parte, continúa ocupando el último peldaño de la credibilidad nacional, con un 96 % de desaprobación.
Los recientes asesinatos de trece trabajadores mineros en Pataz, región La Libertad, no son un episodio aislado. Son la confirmación brutal de una realidad que muchos prefieren ignorar: Pataz es hoy un territorio liberado, secuestrado por organizaciones criminales que actúan impunemente, ante la inacción o incapacidad del Estado.
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