Encuestadoras bajo la lupa

Bolivia encendió la alarma: predicciones fallidas, conflictos de interés y márgenes vendidos como certezas. El Perú ya conoce ese libreto.
El papelón de las encuestadoras en las presidenciales bolivianas del 17 de agosto no fue un tropiezo menor: fue una demolición en vivo de su credibilidad. Dos días antes, los sondeos ponían a Samuel Doria Medina a la cabeza y relegaban a Rodrigo Paz Pereira al sótano. La urna dijo lo contrario: Paz 32 %, Quiroga 27 % y Doria 19 %. ¿“Corrida de último minuto”? Ese pretexto ya no alcanza.
No es un hecho aislado. En la primera vuelta peruana de 2021, Pedro Castillo “no figuraba” en varias encuestas que, a una semana, coronaban a otros. La realidad electoral desmontó el relato. Cuando el error deja de ser excepcional para volverse patrón, el problema no es el azar: es el sistema.
El diagnóstico es doble y urgente: técnico y ético.
En lo técnico, persisten muestras urbanas que subrepresentan al Perú rural y popular; se reemplaza trabajo de campo por llamadas telefónicas que excluyen a quienes no tienen línea o no responden; y se abusa de “ajustes” y ponderaciones que, sin explicación robusta, terminan acomodando los números a la intuición del analista. Se anuncian márgenes de error como salvoconducto, mientras los titulares venden diferencias dentro del margen como si fueran verdades reveladas.
En lo ético, el conflicto de interés es el elefante en la sala. Empresas que asesoran campañas publican, a la vez, encuestas que moldean el clima de opinión. La frontera entre medición e intervención se ha desdibujado. La encuesta deja de ser fotografía para convertirse en palanca: empujar el “voto útil”, desalentar a rivales, instalar la idea del “ya gané” o del “no hay forma”. Así, no describen la realidad: intentan fabricarla.
La democracia paga la factura. Ciudadanos con poco tiempo para comparar propuestas terminan votando “al ganador de portada”. Medios que replican cifras sin exigir metodología completa amplifican el sesgo. Y cuando el escrutinio desmiente a los sondeos, se erosiona aún más la confianza en las instituciones.
¿Qué hacer? No se trata de prohibir encuestas, sino de elevar el estándar y cortar los incentivos a la manipulación.
Transparencia total. Publicación obligatoria de cuestionarios, fichas técnicas completas, tasas de rechazo, ponderadores, rutas de campo y financistas. Sin esa data, no hay publicación.
Auditorías independientes. Un comité técnico —con participación académica y del INEI— que revise aleatoriamente bases anonimizadas y protocolos de muestreo.
Separación de roles. Quien asesora campañas no puede publicar encuestas durante el proceso electoral. Punto. El conflicto de interés se evita, no se “gestiona”.
Etiquetado honesto. Todo gráfico debe mostrar el margen de error y advertir cuando las diferencias están dentro de ese rango. Nada de titulares triunfalistas por décimas.
Sanciones efectivas. Multas y suspensión del registro para quien incumpla estándares o incurra, reiteradamente, en sesgos sistemáticos no explicados.
Educación cívica. Recordar, con pedagogía constante, que las encuestas no son oráculos. El voto informado pesa más que la moda del día.
Desde EXPRESO, asumimos un compromiso: solo publicaremos encuestas que cumplan criterios estrictos de transparencia metodológica y, siempre, señalaremos márgenes y límites. No seremos altavoz de números cocidos en cocinas opacas.
Las encuestadoras pueden y deben ser útiles cuando miden. Cuando pretenden moldear, dañan. Bolivia fue una alerta; el Perú ya vivió sus propios tropiezos. Es hora de corregir el rumbo.
El voto es suyo, no de las encuestadoras.

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