Una reforma judicial impostergable
El Perú atraviesa una crisis de justicia que ya no admite parches ni discursos de ocasión. El descrédito del Ministerio Público y del Poder Judicial es hoy absoluto: la ciudadanía los percibe como instituciones politizadas, lentas y, en muchos casos, contaminadas por la corrupción. Lo que vemos no es solo ineficiencia, sino una degradación profunda del sistema que debería proteger los derechos fundamentales y castigar el delito, sin sesgos ni pactos oscuros.
La instrumentalización de la Fiscalía para perseguir adversarios políticos, así como la existencia de redes de jueces y fiscales vinculados a mafias de poder —como lo han evidenciado múltiples investigaciones periodísticas y judiciales— muestran con claridad que el problema es estructural. El sistema de justicia no puede seguir siendo rehén de intereses partidarios, ni mucho menos un arma para garantizar impunidad a los aliados del poder de turno.
Por ello, es urgente una reforma judicial de fondo, no cosmética. Uno de los pilares esenciales de esa transformación debe ser la despolitización real del Poder Judicial y del Ministerio Público. Para lograrlo, se necesita una modificación sustancial en los mecanismos de designación del fiscal de la Nación y de los jueces supremos. Debe acabarse la injerencia de los partidos en estos procesos. La creación de un Consejo Autónomo de la Magistratura, que evalúe y nombre magistrados con criterios éticos y técnicos, sin vínculos políticos, es un paso necesario.
Otro componente central es el combate frontal a la corrupción dentro del propio sistema. Se requiere una Unidad Anticorrupción autónoma, con presupuesto propio y plenas facultades para investigar y sancionar a magistrados corruptos.
El enriquecimiento ilícito debe ser declarado
delito imprescriptible y conllevar la pérdida automática de beneficios penitenciarios. Además,
todos los jueces y fiscales deben presentar declaraciones juradas de patrimonio e intereses auditadas, con sanciones reales por omisiones o falsedades.
En esa línea, merece especial atención la propuesta impulsada por la congresista y exfiscal de la Nación Gladys Echaíz, quien plantea la creación de una Escuela Nacional de la Magistratura que reemplace gradualmente a la Junta Nacional de Justicia. Esta institución tendría la
misión de seleccionar, formar y evaluar a jueces y fiscales bajo estándares rigurosos, libres de toda influencia política. El modelo incluye concursos públicos transparentes, evaluación continua, código de conducta obligatorio y una formación con enfoque ético y técnico.
La reforma también debe abarcar la modernización del sistema: digitalización completa, plazos máximos para resolver procesos, límites a la prisión preventiva, audiencias públicas y veedurías ciudadanas que fiscalicen externamente el funcionamiento judicial.
Una justicia sometida a intereses políticos destruye la democracia y perpetúa la impunidad. Por eso, esta reforma es una urgencia nacional, no un lujo
académico. El Congreso y el Ejecutivo tienen hoy una oportunidad histórica de liderar este cambio, pero no deben hacerlo solos: es indispensable convocar a una junta de notables independientes que conduzca este proceso con legitimidad y visión de país.
La ciudadanía también tiene una tarea: exigir esta reforma. Solo así podremos construir un Perú donde la ley esté por encima del poder y donde la justicia no sea una trinchera ideológica, sino un verdadero pilar de la República.
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