F-16, costos y soberanía: decisiones que no admiten improvisación

La discusión sobre la eventual compra de cazas F-16 no es —como algunos sugieren— una carrera armamentista. Es, ante todo, una decisión de Estado para recuperar capacidades operativas perdidas por décadas y afirmar la soberanía. En esto coinciden especialistas y analistas: el Perú necesita volver a volar alto. Pero necesidad no equivale a cheque en blanco. La urgencia debe caminar con transparencia, coherencia estratégica y rendición de cuentas.
Primero, el objetivo: disuasión creíble y control del espacio aéreo. La FAP opera hoy flotas envejecidas (Mirage 2000, MiG-29, Su-27) con baja disponibilidad. Cerrar esa brecha exige un sistema que garantice interoperabilidad, soporte logístico, entrenamiento y repuestos asegurados por años. Los F-16 Block 70-72 cumplen ese estándar; también lo hacen alternativas como Gripen o Rafale, con perfiles y costos distintos. La elección debe responder a doctrina, sostenimiento y ciclo de vida, no a coyunturas ni presiones.
Segundo, los números. La presidenta anunció 24 aviones por US$ 3,500 millones; hoy se habla de 12 F-16 por casi el mismo monto. La aritmética pública importa. El Gobierno y el Mindef están obligados a detallar paquete exacto (plataformas, radares, armamento, simuladores, mantenimiento, entrenamiento, offsets), cronograma de entregas y costos del ciclo de vida. Sin esa información, la discusión se contamina y la confianza se erosiona.
Tercero, la geopolítica. Que en Santiago haya incomodidad no debería dictar nuestra política de defensa. El equilibrio regional se sostiene con transparencia y reglas claras, pero la prioridad del Perú es proteger su territorio, su comercio exterior y su posición en el Pacífico. Fortalecer vínculos con EE.UU. vía F-16 puede ser ventajoso; mantener diversidad de proveedores —como ha sido la tradición con Francia y Rusia— también tiene valor. Lo responsable es escoger por mérito estratégico, no por simpatías ni temores ajenos.
Cuarto, gobernanza y control civil. El proceso aún no está decidido, y así debe seguir hasta que se cumplan los pasos: competencia real entre oferentes, evaluación técnica independiente, participación de la Contraloría, publicación de contratos (en lo posible) y cláusulas anticorrupción robustas. La compra de defensa no puede ser “caja negra”. Un sistema de armas moderno sin un sistema de integridad es una vulnerabilidad.
Quinto, país y productividad. La inversión en defensa no compite con escuelas u hospitales si se programa con planeamiento multianual, disciplina fiscal y compensaciones industriales (offsets) bien negociadas: transferencia tecnológica, mantenimiento local, formación de técnicos, encadenamientos con la industria nacional. Ese debe ser el estándar mínimo de cualquier contrato.
El Perú no necesita estridencias ni improvisaciones: necesita decisiones técnicas, números honestos y visión de largo plazo. Si el F-16 es la mejor opción, que se demuestre con datos y contratos. Si otra plataforma lo es, que se escoja sin complejos. Lo inadmisible es la opacidad.
Recuperar capacidades no es militarizar la política; es civilizar la defensa con reglas, control y estrategia. En eso, el Gobierno y el Congreso tienen la palabra. Y la ciudadanía, el derecho a conocer cada detalle antes de que el primer caza despegue.

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