¿Cómo resolver la crisis de Petroperú?

La empresa estatal petrolera ve sus peores momentos desde su creación el 9 de octubre de 1968, luego de que la dictadura de Juan Velasco, a través de la ‘toma’ de Brea y Pariñas, estatizara las instalaciones de la International Petroleum Company (IPC) a punta de la fuerza militar. Lo que en su momento fue visto como una ‘hazaña heroica’ del nacionalismo peruano contra los intereses imperialistas, parecía tener un augurio positivo tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en la selva peruana, que llevaron a la construcción del Oleoducto Norperuano en 1972 para abastecer la Refinería de Talara.
No obstante, la proeza populista contra el ‘entreguismo’ ocultaba que la dictadura del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada negoció en secreto -a través del Convenio De la Flor-Greene- la indemnización de 76 millones de dólares en favor de la IPC. Asimismo, las deudas que IPC había contraído con el Estado peruano, por más de 690 millones de dólares, nunca se cobraron. Nada salió gratis. Tras la crisis generalizada de las empresas estatales en los 80, la serie de privatizaciones de Alberto Fujimori no incluyeron al gigante petrolero, que a la fecha continúa siendo la compañía con mayor facturación del Perú.
Como si se tratara de una conmemoración a los robos de su admirado dictador Velasco, Ollanta Humala promulgó a fines del 2013 la Ley 30130 que declaraba de necesidad pública, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). Desde ese tiempo, el costo del proyecto se ha quintuplicado (de US$ 1,335 a 7,000 millones), a contrapelo de la producción nacional de crudo que ha caído a casi la mitad (de 63 a 38 mil barriles diarios), entre varios motivos, por la caída de la inversión en explotación y exploración a la quinta parte (de US$ 1,444 a 313 millones). ¿Por qué? Por la falta de garantías para proteger el oleoducto de sabotajes y por las altas regalías.
Lo que sucede hoy es que la demanda de combustibles en el Perú sigue creciendo, y el crudo que no se produce en el país debe ser importado a precios internacionales, elevando los precios. Además, la deuda de la compañía es casi 4 veces su patrimonio, y la liquidez se ha venido deteriorando, especialmente a partir del 2020. Aún 18 de 21 unidades auxiliares del PMRT no se han completado tras 9 años de planteado el proyecto. Y, por si fuera poco, la semana pasada el empresario chotano Fermín Silva y el sobrinísimo Yober Sánchez confesaron que habrían coimeado al presidente Castillo con 30 mil soles para colocar como gerente de la empresa al inefable Hugo Chávez Arévalo.
¿Cuál es la solución? Definitivamente los aportes de capital del erario público no son el camino -que en lo que va del 2022 ascienden a US$ 1,873 millones (equivalente a nada menos que al 25% de su deuda total)-. Petroperú tiene dos opciones: 1) privatizarla dándole prioridad a los bonistas, una decisión que dependería del Presidente, por lo que sería políticamente inviable, o 2) que el Congreso proponga una reforma radical, a través de la ley orgánica de la compañía, para proteger su institucionalidad e independencia. El nombramiento del directorio podría realizarse del mismo modo a como se nombra a los del Banco Central de Reserva.
Todas las empresas estatales del mundo que funcionan cumplen con dos condiciones: 1) el Estado es sólo accionista y no forma parte de la administración directa de las operaciones, y 2) la administración es radicalmente independiente del Gobierno de turno, no es posible que el Ejecutivo saque y ponga a los gerentes o a los directores. Quizá este punto intermedio, y en manos del Congreso, sea mucho más viable de implementar que una privatización directa y dependiente de modo exclusivo del Ejecutivo. Ojalá que la centroizquierda reflexione y -aunque sea- se modernice imitando a las medidas socialdemócratas, menos nocivas para todos.

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