Raúl Labarthe Saric

Desde los inicios de la lucha contra el vizcarrismo y el perulibrismo, ‘la oposición’ ha tenido siempre historias interesantes que contar.

La empresa estatal petrolera ve sus peores momentos desde su creación el 9 de octubre de 1968, luego de que la dictadura de Juan Velasco, a través de la ‘toma’ de Brea y Pariñas, estatizara las instalaciones de la International Petroleum Company (IPC) a punta de la fuerza militar.

En lo que va del mandato del inquilino de Palacio, Pedro Castillo, la percepción ciudadana en cuanto a gestión pública se ha deteriorado de modo sistemático. Según el INEI, mientras que, a diciembre de 2021 el 36% de los peruanos consideraba “buena o muy buena” la gestión del Gobierno Central, a junio de 2022 sólo el 24% piensa de este modo.

Ante una crisis política que se acrecienta por los múltiples indicios de corrupción del gobierno de Pedro Castillo y que vienen siendo atajados por el Equipo Especial de Fiscales, empieza a sonar realista la posibilidad de que el Perú pronto tenga un nuevo presidente.

Venimos celebrando tímidamente el triunfo de Rafael López Aliaga como nuevo alcalde de Lima Metropolitana, algo que parece ser una noticia positiva entre tanta decepción que conlleva la coyuntura política nacional. Sin embargo, cabe realizar un análisis más profundo de la situación.

Sin dudas, esta debe de ser la elección más decepcionante en la que me haya visto alguna vez obligado a votar; no obstante, quizá sea una de las más importantes. ¿Por qué es clave elegir bien a los alcaldes y los gobernadores regionales en estas elecciones?

Muchos parecen arrepentidos de haber apoyado el referéndum populista que Martín Vizcarra promovía hace cuatro años. La prensa fue cómplice, y la ciudadanía acrítica, mientras aplaudieron estas medidas ‘notables’, cuando era previsible su fracaso.

El Plan Impulso presentado la semana pasada por el ministro de Economía, Kurt Burneo, aunque con buenas intenciones, no significará ningún impulso real para la situación crítica que padece el Perú en estos momentos.

Mucho ha dado para hablar el rol que tiene César Acuña como supuesto “mediador de centro” en el Parlamento peruano cuyo partido, Alianza para el Progreso (APP), ostenta el 10% de sus escaños.

“Ojalá te toque vivir tiempos interesantes”, recita una antigua maldición china, la cual apunta a que los momentos más controvertidos, más dignos de análisis histórico y político, suelen ser de los más terribles para quienes tienen la mala fortuna de estar sumergidos en ellos.

Hemos presenciado la pasada semana una serie de hechos políticos que traslucen lo que seguiría siendo en adelante un gobierno con Pedro Castillo en el poder.

Esta pregunta difícilmente podría saldarse en una columna. Sin embargo, puede que esta sea una de las preguntas más fundamentales para comprender el drama social y político del Perú. El Perú no es un país con sequías, hambrunas, o grandes desastres naturales.

Hace apenas 10 días, el Ejecutivo de Pedro Castillo instaló una nueva ‘bomba de tiempo’ para la economía peruana: el Decreto Supremo (DS) 014-2022-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.

Mientras la captura del prófugo ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, roba los titulares en la semana de Fiestas Patrias; la contienda electoral convocada para el 2 de octubre de este año, y donde se elegirán a los alcaldes distritales, provinciales y gobernadores regionales, parece aún no entrar del todo en la agenda pública.

La empresa con la facturación más alta del país nuevamente da para hablar, al producirse el desabastecimiento de combustibles de aviación, fruto de un oleaje que impide el ingreso de los buques y, por lo visto, no contaban con un stock de emergencia para afrontar esta situación.

Como es sabido, el 23 de febrero pasado, el presidente Pedro Castillo aprobó el Decreto Supremo 001-2022 (DS), el cual pretende prohibir la tercerización laboral en el Perú, en “las áreas del núcleo del negocio”.

Como evidencia la situación actual, en donde el 70% de los gremios de transportistas han acatado el paro en Lima y Callao, el gobierno de Castillo afronta una crisis más, entre las tantas que se han desarrollado durante su gestión.

Luego de que el otrora sindicalista Pedro Castillo ganara las pasadas elecciones bajo el eslogan populista de “no más pobres en un país rico”, algunos de sus más entusiastas partidarios podrían haber pensado que el mejorar las condiciones sociales y laborales de los peruanos sería su prioridad.