La anarquía decretada
Hace apenas 10 días, el Ejecutivo de Pedro Castillo instaló una nueva ‘bomba de tiempo’ para la economía peruana: el Decreto Supremo (DS) 014-2022-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Este DS ya ha sido criticado por diversos gremios, economistas y laboralistas, por las graves consecuencias que tiene, al fomentar la conflictividad entre los trabajadores y las empresas, y al inclinar la balanza en favor de un resultado que nadie debería de estar buscando: las paralizaciones y las huelgas. Algunos podrían pensar que este es un caso más donde la izquierda aplica medios equivocados con fines nobles; sin embargo, también es necesario realizar un análisis político respecto a esta medida.
En primer lugar, Pedro Castillo es un sindicalista, y no cualquiera. Él ha dirigido el Conare-Sutep, vinculado a Movadef, en el 2017. Mucho se dijo durante la campaña respecto a no ‘terruquear’ al candidato del sombrero; sin embargo, hace sólo una semana Panorama revelaba que la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenate), fundada en favor de los intereses del propio Castillo, marcharía el 25 y 26 de julio de la mano con el mismísimo Movadef. Marchan junto a personas que pedían la liberación del ‘preso político’ Abimael Guzmán, pero algunos insisten en que debemos seguir creyendo que no tienen nada que ver con Sendero Luminoso. Sería demasiado miope no considerar este contexto en la aprobación del DS 014-2022-TR.
Un presidente exsindicalista, cuyo sindicato marcha de la mano con admiradores de terroristas, aprueba -sin ningún consenso en el Consejo Nacional de Trabajo- un decreto supremo que otorga un poder desproporcionado en manos de los sindicatos, y lo disfraza de medida en favor de los trabajadores. ¿Casualidades? Es evidente que existe un interés de empoderar a las fuerzas políticas que el Presidente controla, y con lo que este DS permite, se podrá extorsionar a las empresas de quienes no sean funcionales a su régimen. Ya no podemos seguir analizando las políticas públicas de este gobierno como si estuviésemos tratando con un tecnócrata. El objetivo no es aumentar el nivel de sindicalización: es instrumentalizarlos en favor del régimen.
Este DS habilita no sólo que las huelgas sean convocadas exclusivamente por aprobación del poder de turno -hoy Castillo y su Fenate-, sin necesidad de ningún tipo de negociación colectiva previa, sino que además prohíbe seguir laborando a los trabajadores que no quieran acatar la huelga, atentando contra su libertad. Asimismo, impide que las empresas puedan reemplazar temporalmente a aquellos empleados que acaten la huelga, con el objetivo de forzar que estas paralicen sus operaciones y asuman los costos: es decir, para permitir la extorsión económica cuando no se acepten las condiciones unilateralmente impuestas. Según la OIT, los sindicatos deben negociar en igualdad de condiciones con las empresas, no imponerse sobre estas.
El Perú es puesto 108 del mundo en cuanto a conflictividad laboral, y este DS lejos de acercarnos a países mejores, lo que representa es un plan para acercarnos a países como Argentina, un país destruido por las mafias sindicales, en donde se reportan constantes casos de chantajes contra empresas, tanto por motivos políticos como económicos. Al imponer que los trabajadores que quieran seguir trabajando, no puedan hacerlo, están en la práctica forzándolos a sindicalizarse. Los países con mayor cantidad de fuerza laboral sindicalizada (Finlandia, Suecia y Dinamarca), donde se supera el 60%, tienen dos factores clave: 1) es voluntario, 2) no existe salario mínimo. Por eso funciona.
Cada sindicato negocia un salario mínimo por industria y tipo de profesión, y los trabajadores se afilian voluntariamente para acceder a esta protección. ¿Es el caso de Argentina o del Perú anárquico que quiere construir Castillo? No. Por lo tanto, el resultado será ese: anarquía.
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