La tercerización no es el problema
Como es sabido, el 23 de febrero pasado, el presidente Pedro Castillo aprobó el Decreto Supremo 001-2022 (DS), el cual pretende prohibir la tercerización laboral en el Perú, en “las áreas del núcleo del negocio”. De acuerdo con el DS, existe plazo hasta el 22 de agosto para adaptarse a las nuevas condiciones, que pondrían en riesgo a 1,565 empresas tercerizadoras y de intermediación laboral formales en el Perú, que emplean a 240 mil personas (5.5% del empleo formal). De aprobarse esta norma, muchas de estas empresas podrían quebrar, destruyendo empleos formales que al día de hoy ni siquiera se han recuperado a niveles prepandemia (existen a marzo 2022, 150 mil empleos menos). ¿Por qué esta norma es irracional?
Quienes promueven el DS afirman que la tercerización es un factor de explotación de los trabajadores y de recorte de derechos laborales. Sin embargo, la legislación actual (Ley N° 29245, su reglamento y el DL N° 1038), afirma dos cosas claras: 1) que las empresas tercerizadoras deben ser autónomas de la empresa usuaria -a quien brindan el servicio-, y 2) que los trabajadores tercerizados deben tener los mismos derechos que los contratados por tiempo indeterminado en la empresa tercerizadora. Es decir, la ley prohíbe que la empresa que brinda el servicio de tercerización esté controlada por la empresa que recibe el servicio, y también, prohíbe que los trabajadores que brindan este servicio no tengan los mismos derechos que los demás.
Lejos de representar una protección, esta ley perjudicará gravemente a los trabajadores. El Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que se pondría en riesgo la permanencia de 114 mil empleos, casi el 50% de los trabajadores en este rubro, dos tercios de ellos en micro y pequeñas empresas. La destrucción de estos empleos impulsará a estos trabajadores hacia el sector informal, el único que está creciendo desde que empezó la pandemia (hoy existen 1.1 millones más de empleos informales).
El sector informal paga salarios 63% menores que el sector formal, en promedio. Además, en estos puestos de trabajo la fiscalización y el control de los derechos laborales por parte del Estado simplemente no existe. Quedarán precarizados y empobrecidos.
Es una ley delirante, que sólo desde el populismo más desbocado se puede defender. Si existen casos de explotación laboral en las empresas tercerizadoras, estos son contrarios a la normativa vigente, y por lo tanto, no hace falta modificarla sino: fiscalizar. Pero lanzar un decreto absurdo siempre es más fácil que resolver realmente los problemas. Esperemos que Castillo no siga creando más pobres en un país rico.
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