¿Cómo se mantiene el fiscal José Pérez y los de Eficcop?

El fiscal Pérez fue incluido en el mal llamado equipo especial que vio el caso Lava Jato por su superior, el fiscal Rafael Vela. Cuenta la historia que muchos le dijeron a Vela que Pérez no tenía ni la ecuanimidad ni el perfil emocional para tan delicado cargo. En la época no se advirtió de su incapacidad profesional como abogado. Cuando, recientemente, supimos que no pasó el examen para ser juez, se corroboró lo que ya se venía observando en su desempeño: no conoce de derecho. Sus acusaciones son fruto de la arbitrariedad, de la prepotencia de quien tiene el poder que un fiscal detenta.
Así lo ha practicado con muchos acusados. Asociado a un grupo de jueces, impuso prisiones preventivas injustas y abusivas que lindan con lo despótico. La muerte del presidente Alan García es su mayor tropelía. No disparó contra este, pero lo llevó a tomar una decisión trágica. Pérez es un fiscal que ve casos políticos, que hace política fustigando a sus superiores cuando van contra sus intereses, haciendo campaña para derrocarlos, aunque no lo permita la ley del Ministerio Público. Así ocurrió con el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. Todos recuerdan las ridículas actitudes de Pérez, el inútil uso del chaleco antibalas al inicio del caso Cócteles que involucra a la cúpula fujimorista, además de exabruptos, muecas y aledaños. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿cómo así concentra tanto poder?
Cuando uno escucha la pesadilla que vivió el abogado Arsenio Oré –profesional intachable y de honesta trayectoria– gracias al fiscal Pérez, se visualiza su tiranía. Lo acusó de obstruir la justicia (influir en testigos) sin una sola prueba que lo corroborara. Le fregó la vida cerca de cinco años. Oré es terco, abogado, y tiene un estudio, se defendió bien. El contador de Fuerza Popular no corrió la misma suerte. Lo pusieron contra la pared para que fuera colaborador eficaz y delatara a Keiko Fujimori y a la dirigencia. Lo obligaron a involucrar a otras personas y purgó prisión preventiva. Le vino un derrame cerebral, que lo tiene postrado. Ya lo sacaron del juicio Cócteles.
Igualmente, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) investiga a Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta, practicando la misma modalidad que Pérez y compañía. Piden 36 meses de prisión preventiva para el hermanísimo. Sin pruebas, le imputan ser miembro de una organización criminal y nombrar a funcionarios públicos. Ya consiguieron que un amigo cercano a Nicanor Boluarte y a la familia se convierta en colaborador eficaz. Víctor Torres delató a su ‘wayki’, sindicándolo de ser quien decidía los nombramientos en el MIDIS, en el MINEDU y también en el IPD. En este último caso, es un cargo de confianza y cualquiera puede recomendar a quien quiera; no es un delito. Estamos ante un pandemonio judicial. El caso Cócteles, según los entendidos, es inviable porque no es posible que finalice en un plazo razonable. El fiscal Pérez ha hecho lo que le ha dado la gana con los celulares del presidente Alan García. Pero todos, Pérez, Vela, Marita Barreto, siguen bien tranquilos en sus puestos y reciben su sueldo de nuestros impuestos. Han congestionado y arruinado la justicia. ¿Alguna salida para superar esto?