Consejo de Estado, pero no así

Con la mejor de las intenciones, se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para formalizar y regular el llamado “Consejo de Estado”, que la verdad sea dicha ha funcionado sin necesidad de ninguna ley, dado su carácter pensado inicialmente como consultivo y no vinculante, por lo tanto sin obligar. Es para intercambiar opiniones entre altas autoridades del Estado, lo que puede ayudar a evitar o solucionar problemas, como ya ha sucedido anteriormente.

Con el proyecto se pretende que el “Consejo de Estado” sea formalmente creado en la Constitución, para lo cual se estaría modificando esta última. El Consejo estaría integrado por autoridades que son unipersonales como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía de la Nación y algunas otras, pero también las cabezas de organismos públicos colectivos como los presidentes del Poder Judicial, del Congreso, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones y del Banco Central de Reserva, con olvido que ninguno de ellos puede tomar acuerdos por sí solos, ya que dependen de decisiones de sus colegiados.

Teniendo el carácter de entidades públicas independientes y autónomas muchas de ellas, no pueden ser parte de acuerdos colectivos que lesionarían las mencionadas características, por lo cual con ello únicamente se estaría confrontando a la Constitución.

Si se tomasen acuerdos, ello obliga a llevar y mantener actas y que ellas estén sujetas, por transparencia, al escrutinio público, con lo cual se quita espontaneidad y franqueza a las opiniones que se den, que como repetimos no pueden ser consideradas como acuerdos.

Si bien es cierto que en otros países existe el Consejo de Estado, en el Perú en la práctica ha funcionado esporádica e informalmente, habiendo estado constituido en su inicio por los presidentes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con la participación del presidente del Consejo de Ministros.

En algunas ocasiones se amplió la convocatoria a otras altas autoridades del Estado y tuvo resultados muy halagüeños sobre todo en los años 2004 y 2005 en que la conflictividad social e incertidumbre era creciente, pero se pudieron reducir sustancialmente y se logró paz, crecimiento económico y reducción de la pobreza, así como mejor entendimiento entre los poderes del Estado. El autor de esta columna es testigo de lo dicho, pues le correspondió la iniciativa del Consejo de Estado cuando fue titular del Congreso de la República.

En otras administraciones gubernamentales también se convocó de vez en cuando al Consejo de Estado, que por sus reuniones carentes de formalidades y requerimientos normativos y procedimentales, fue una herramienta satisfactoria para sus propósitos.

No es la primera vez que se trata de crear oficialmente algo que debería ser solo oficioso por su naturaleza y, en las ocasiones que se han presentado proyectos de ley con la misma o parecida intención, no han llegado a concretarse.

Insistimos, hay buena intención, pero la oficialización y marco normativo para lo que debe ser únicamente cambio de pareceres y recomendaciones, no es conveniente.

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