Control, pero efectivo

Se observa una brecha muy grande entre los objetivos y esfuerzos del Contralor General de la República, que por cierto tiene la preparación y pergaminos necesarios para estar donde se encuentra, con los resultados que puede mostrar la institución bajo su mando.

Comencemos por el principio, la Contraloría, de acuerdo a nuestra Constitución (artículo 82), “supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control”.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, precisa con más amplitud su objetivo al establecer que se pretende “el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para PREVENIR y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades …”.

Agrega que debe evaluar “los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de mejoramiento a través de la adopción de ACCIONES PREVENTIVAS y correctivas pertinentes” (artículos 2 y 6 de Ley 27785).
El Contralor, con amargura y preocupación, informa que el flagelo de la corrupción que nos afecta fue de S/ 24,268 millones en el pasado año 2023, aunque no nos ha explicado como llega a esa cifra, que sería un significativo porcentaje de las obras contratadas y de los bienes adquiridos por los entes del Estado, aunque evidentemente sería por lo menos audaz solo pensar que en todas las obras y compras del Estado hay corrupción, pues ello insultaría a miles y miles de funcionarios correctos en el Estado, pues al igual que hay sabandijas hay gente honrada y honesta.
También el Contralor achaca al Sistema Judicial, la tremenda demora en los procesos de las denuncias que la Contraloría formula, critica que no es de exclusividad de ella, pues la mayoría de justiciables y abogados nos quejamos de lo mismo.

Si la Contraloría tiene a su cargo las tareas de fiscalización, desde la prevención, pasando por la ejecución hasta su conclusión y posterior rendición de cuentas, es evidente que la alta cifra de corrupción que señala es prueba de que algo también está fallando en la Contraloría sobre todo en las operaciones preventivas y la acción insuficiente ante la paralización de obras, que harán más onerosas para el Estado su conclusión.

El control concurrente instaurado por el Contralor ha sido algo a destacar y agradecerle, al igual que el nombramiento de los auditores internos en los organismos estatales, pero al mismo tiempo recordarle que, si requiere de otros dispositivos legales, puede ejercer la facultad de iniciativa legislativa que le confiere la Constitución (artículo 107).

Como reflexión final en esta breve columna, nos permitimos recordarles el viejo refrán: “En caja abierta, el justo peca”. Hay que cerrar y cuidar la caja.

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