Control político del sistema de administración de justicia

Hemos visto el avasallamiento político de la Fiscalía de la Nación por un organismo llamado a garantizar su autonomía e independencia, mediante el nombramiento y remoción de jueces y fiscales, en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes.
No se trata del tiempo que dura un procedimiento, sino de si se cumplieron o no los requisitos del debido proceso en su realización, para destituir o suspender a un magistrado que ha cometido faltas graves, de evidente comprobación.
Que el Tribunal Constitucional haya encontrado inconstitucional el procedimiento abreviado para atender las denuncias por graves casos de disfunción de jueces y fiscales ocasionará que, en muchos casos de gravedad, la JNJ o la Autoridad Nacional de Control no puedan tomar medidas precautorias como la suspensión inmediata y el procedimiento célere de la destitución, manteniendo en el cargo a jueces o fiscales investigados por conductas inaceptables de manifiesta comprobación.
Este procedimiento célere y medidas precautorias se reglamentaron en el reglamento de la Oficina Nacional de Control de la Magistratura (OCMA), que creamos con la Comisión de Reforma Judicial en 1979, y se utilizó con acierto en varios casos de clamorosa inconducta funcional en todos estos años. Y la Junta Nacional de Justicia también lo incorporó en su reglamento, que ahora ha sido modificado por la sentencia del TC.
Contrariamente, frente al celo de los procedimientos largos —los cuales no aseguran el debido proceso si es que, como vemos, se tiñen de intereses políticos o de otra naturaleza, de espaldas a los intereses legítimos de la salvaguarda institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público en bien de la nación—, tendremos reincorporaciones y destituciones injustificables ética y moralmente, con una diligencia solo explicable por el control político de la institución llamada a garantizar el debido nombramiento, ratificación, ascenso y destitución de jueces y fiscales.
No he visto peor panorama para el sistema de justicia en 50 años, aun a pesar de que tuvo tiempos muy malos con la dictadura de los 90 y el control político de muchos órganos jurisdiccionales, pero aún se encontraban jueces y fiscales independientes y honestos que se atrevían a administrar justicia, con un Consejo Nacional de la Magistratura amenazado, pero que luchaba por no cometer arbitrariedades por presión política, dada su composición apolítica.
La suspensión de la fiscal suprema Delia Espinoza y su inminente destitución por quienes controlan manifiestamente la JNJ, luego de una impecable trayectoria fiscal, nos deja el sabor de estar volviendo a la barbarie de los 90, sin orden constitucional y sin ley, donde el poder político ha cooptado las instituciones encargadas de garantizar los derechos de jueces y fiscales y su independencia, base esencial del Estado de derecho.

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