Beatriz Mejía Mori

Nos han hecho creer que se han organizado una serie de bandas criminales nacionales e internacionales, que de pronto decidieron dedicarse a la extorsión de empresas de servicio público y pequeños empresarios, habiendo emprendido asesinatos de los que supuestamente se niegan a pagar, saliendo asesinados: choferes, vendedores ambulantes y recicladores.

Cuando en el año 2016 denunciamos la imposición de la ideología de género en la educación escolar y universitaria, y el uso de los medios de comunicación, la música, el arte, la literatura, el cine, la televisión e internet, para transculturizar al pueblo peruano hacia el mal, nos tildaron de “conspiranoicos”.

Hemos visto el avasallamiento político de la Fiscalía de la Nación por un organismo llamado a garantizar su autonomía e independencia, mediante el nombramiento y remoción de jueces y fiscales, en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes.

El consentimiento de lo malo, lo perverso, y la naturalización de la corrupción como parte de la realidad política e institucional del país, nos están llevando a aceptar la cooptación política de las instituciones del Estado llamadas a ser autónomas y a garantizar con su independencia el orden constitucional y la vida democrática de la nación.

Un pacto soterrado de silencio en la prensa pretende mantener en secreto lo que nos está saltando en el rostro: familiares, amigos, vecinos, conocidos que están muriendo repentinamente, sin que hayan tenido enfermedades, o por extrañas enfermedades que les aparecieron o se les agravaron después del 2021.

La desesperación de Vizcarra por cerrar el Congreso en el 2019 fue causada por los apremios del grupo servil a Soros, que necesitaban aprobar una serie de leyes y modificaciones constitucionales para imponer a partir del 2020 la agenda globalista de vacunación forzada y supresión de derechos constitucionales; sí, el mismo grupo que lo trajo corriendo del Brasil para defender a los removidos fis

Cuando se ha quebrado el orden constitucional, más allá de la cuestión formal de puro derecho, opera un quebrantamiento moral y espiritual de la nación, que no se ve, pero que tiene efectos desastrosos en el comportamiento de los funcionarios en todos los poderes del Estado, es como si todos percibieran que algo se les quebró en la conciencia, cuando permitieron o promovieron por intereses de t

Abrumados por la oferta de candidatos presidenciales, que entre ellos mismos no se reconocen como aptos para el cargo —y lo vemos en la ausencia de alianzas—, nos vemos en la encrucijada de tener que elegir entre personas que sentimos, en la conciencia, no están preparadas para gobernar una nación que enfrenta tantos problemas, cuya causalidad ni entienden.

Encomiable la reacción de diversos líderes de opinión y autoridades que han manifestado su protesta por la agresión del presidente colombiano, al efectuar declaraciones públicas de reclamo de soberanía sobre la isla Santa Rosa, que pertenece a territorio peruano, por antecedentes de hecho (perteneciente a la isla Chinería) y de derecho internacional (Tratado Salomón-Lozano 1922 y Protocolo de R

En momentos en que existe una crisis institucional generalizada en el Estado, ocasionada por una pérdida del sentido de bien de las cosas, inducida por todos los medios que han consentido los últimos gobiernos para convertir lo malo en bueno en el ideario social, en las políticas y actuación de los gobernantes, funcionarios, jueces, fiscales, policías, militares, congresistas y políticos de tod

El 2023, estuvimos escuchando el discurso presidencial de Fiestas Patrias de 3 horas y media, porque nos invitaron a un programa televisivo a comentarlo, lo que nos sirvió para confirmar lo que ya sabíamos, el sometimiento absoluto del gobierno de Boluarte a la agenda globalista de la ONU, para constatar que no existe un Plan Nacional de Desarrollo, y que los acuerdos del Acuerdo Nacional solo

Generar conflicto y caos social siempre ha sido la estratagema de la élite que controla la economía del mundo para someter a las naciones a sus intereses, pero nunca como en la última década ha propiciado conflictos sociales, guerras y calamidades, en su afán de tomar control político, económico y social de los pueblos.

Un Congreso integrado por bancadas de partidos políticos cuyos líderes y congresistas están sometidos a investigaciones y procesos penales no tiene la capacidad moral para aprobar leyes de reforma de la administración de justicia, y evidencia una clara incompatibilidad ética para el avocamiento al debate de proyectos de ley que afecten la organización y funcionamiento del sistema judicial del p

Echarle la culpa a la administración de justicia del aumento de la criminalidad con gran crueldad, o pretender contenerla justificando un escenario de guerra interna para sacar a los militares con licencia para matar, son los dos grandes errores en que se viene incurriendo por desinformación.

Esta columna no es de opinión personal, sino jurídica, y la escribo con los deberes profesional y moral que me constriñen a decir la verdad.

La ONU viene imponiendo tratados en el marco de su pretendida imposición de un gobierno mundial, que promueve una élite de poder interesada en disponer de los recursos naturales de los países más ricos, que estratégicamente denomina “pobres”.

El Reglamento Sanitario Internacional, aprobado injustificablemente el 29 de mayo del 2024 en la 77.ª Asamblea de la OMS, con voto de la representación del Perú, es una trampa para imponer la dictadura de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU a través de aquella, creando los mecanismos de sujeción de los países miembros al Gobierno Mundial.

Gran parte del problema de la administración de justicia arbitral internacional radica en el poco entendimiento del objetivo real de este sistema, que es resolver controversias de inversión internacional a favor de los intereses de las empresas, cuyos dueños promovieron su creación.