La reforma judicial que el Congreso no puede hacer

Un Congreso integrado por bancadas de partidos políticos cuyos líderes y congresistas están sometidos a investigaciones y procesos penales no tiene la capacidad moral para aprobar leyes de reforma de la administración de justicia, y evidencia una clara incompatibilidad ética para el avocamiento al debate de proyectos de ley que afecten la organización y funcionamiento del sistema judicial del país.
Hemos devenido en aceptar la imposición de que los congresistas puedan hacer cualquier cosa, incurrir en graves transgresiones éticas en el ejercicio de sus funciones, y aprueben leyes estando ética y legalmente impedidos de avocarse a legislar determinados asuntos por intereses propios, de sus líderes partidarios o de terceros, y que sean intocables, en una errónea interpretación del artículo 93 de la Constitución, el cual les garantiza el ejercicio pleno de sus funciones, pero dentro del marco constitucional y de la ley.
Hemos visto en los últimos dos años una batalla campal por la toma del poder político del Ministerio Público, en la que varios congresistas han estado involucrados por conocidos intereses en el resultado de investigaciones y procesos penales de los líderes de sus partidos y/o de ellos mismos, llegando a inhabilitar fiscales supremos, a pretender defenestrar a la Junta Nacional de Justicia, a fin de propiciar la designación de nuevos miembros ad hoc, y nadie les ha abierto una investigación penal por esta actuación delictiva, por ostensible temor a las represalias políticas.
En momentos en que el país debiera estar monolíticamente unido para enfrentar la tercera guerra mundial no convencional en que nos encontramos, y luchando por salvar la vida e integridad de nuestra nación, la división promovida por organizaciones políticas delictivas para afianzar su poder en el control del Estado y de las próximas elecciones evidencia la carencia de conciencia patriótica y una penosa búsqueda de satisfacción de intereses propios por encima de los sagrados intereses del Perú.
El Perú está secuestrado por organizaciones políticas delictivas, que han convertido el Poder Legislativo en Ejecutivo y pretenden también asaltar el Poder Judicial, preconizando, a sazón de una campaña sistemática de desprestigio de sus órganos —con muchos problemas disfuncionales por la intervención política en el nombramiento de quienes nombran jueces y fiscales— la necesidad de emprender una reforma política desde el Congreso, declarando en reorganización el Ministerio Público y el Poder Judicial, el arma anhelada de los líderes políticos procesados.
Si hay una reforma del Estado que el Congreso político no puede hacer es la reforma del sistema judicial, la cual debe ser técnica y volver a la desvinculación política total del nombramiento de sus miembros.

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