Pretenden cerrar por completo el sistema de garantías constitucionales
La desesperación de Vizcarra por cerrar el Congreso en el 2019 fue causada por los apremios del grupo servil a Soros, que necesitaban aprobar una serie de leyes y modificaciones constitucionales para imponer a partir del 2020 la agenda globalista de vacunación forzada y supresión de derechos constitucionales; sí, el mismo grupo que lo trajo corriendo del Brasil para defender a los removidos fiscales del caso Odebrecht, interfiriendo inconstitucionalmente las competencias de la Fiscalía de la Nación.
Esta organización logró cerrar el Congreso que le era adverso, con decreto de Vizcarra, y conformar uno ad hoc a sus intereses, impidiendo que entraran personas que pudieran bloquear sus artimañas legislativas pro entrega del Perú al Nuevo Orden Mundial de la corrupción internacional. Consiguieron aprobar leyes y modificaciones constitucionales que el mismo Vizcarra y el MINSA presentaron con sospechosa celeridad, todo lo tenían listo. Con nuevo Código Procesal Constitucional, se preocuparon de cerrar el sistema judicial de garantías constitucionales, estableciendo solo dos Salas Superiores Constitucionales en Lima para conocer acciones populares, obligando a que a nivel nacional se planteen esas demandas solo en Lima, y que todas las demandas de garantía constitucional en Lima (amparos, habeas corpus, habeas data, acciones de cumplimiento) pasen en apelación por el cuello de botella de estas dos salas, integradas por jueces que de pronto los volvieron constitucionalistas; con evidente instrucción de rechazar todas las miles de demandas que sobrevinieron a partir del 2020, por violación flagrante de derechos humanos, por vacunación forzada con sustancias experimentales probadamente peligrosas, por despidos arbitrarios sin remuneraciones, por impedimentos para ejercer derechos civiles, estudiar, trabajar, atenderse en un hospital, etc., pues han venido desde entonces rechazando las demandas con argumentos antijurídicos, lo que el Tribunal Constitucional se ha negado a corregir.
El sistema de garantías constitucionales en el Perú se ha cerrado, existe solo en apariencia formal, lo que nos lesiona por demás a los que trabajamos décadas en constituirlo y hacerlo funcionar en bien de nuestra nación. Por lo que es indignante que ahora, por razones de garantizar impunidad, se pretenda cerrarlo por completo, presionando la salida del Perú de la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el escenario perfecto para montar la dictadura que advertimos preparan para el 2026, pro intereses extranjeros.
Cinco años (1995-2000) de dura y sacrificial lucha nos costó liberar a nuestra nación de la dictadura de la corrupción, y fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien apoyó al Perú para recuperar la libertad. No dejemos que el Perú vuelva a caer en el abismo de la barbarie del gobierno de la corrupción coludido con la corrupción internacional.
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