Cuidado, congresistas, con la trampa del RSI

El Reglamento Sanitario Internacional, aprobado injustificablemente el 29 de mayo del 2024 en la 77.ª Asamblea de la OMS, con voto de la representación del Perú, es una trampa para imponer la dictadura de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU a través de aquella, creando los mecanismos de sujeción de los países miembros al Gobierno Mundial.
Como ha habido voces opositoras en la mayor parte de países, 74 de los 195 miembros de la OMS se opusieron a firmar el Tratado de Pandemias, aprobado con diversas enmiendas al texto original el 19 de mayo del 2025, quedando comprometidos con sus términos 124 países, entre ellos el Perú.
Como las modificaciones al texto original del Tratado de Pandemias le han restado poderes coercitivos a la OMS sobre los Estados miembros, la redacción de las modificaciones al Reglamento Sanitario Internacional es la carta bajo la manga que están tratando de “legalizar” en los sistemas legales nacionales por medio de engañosas leyes que dicen buscar asegurar la salud de la población frente a pandemias y otros supuestos peligros contra la salud.
En el Perú, el CDC peruano ha estado corriendo un proyecto de ley por los escaños del Congreso para legalizar el Reglamento Sanitario Internacional, es decir, hacerlo de aplicación obligatoria en nuestro país, a pesar de que lo que corresponde hacer constitucionalmente es lo contrario: que el Congreso lo revise y desapruebe su firma, en estricta aplicación del artículo 56 de la Constitución, por varias razones:
Vulnera derechos humanos reconocidos por la Constitución peruana y los tratados de Derechos Humanos, en especial la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos.
Faculta a los Estados, sin ninguna base legal, a imponer la “vacunación obligatoria” con sustancias que se ha probado científicamente que no son vacunas y que están ocasionando muerte y enfermedades graves a millones de personas.
Faculta a los Estados, sin ninguna base legal, a disponer el encierro de las personas por supuestas razones sanitarias y a confiscar su propiedad privada en caso de negarse a la “vacunación obligatoria”.
Obliga a los Estados a comprometer fondos públicos por monto y plazo indeterminados para compra de vacunas y equipos sanitarios.
Un sistema de control poblacional para imponer una dictadura internacional, bajo pretextos sanitarios, que vulnera la soberanía, seguridad y defensa nacional, pero que lo están presentando como de alta necesidad pública por el falso “bien común” que invocan.
Si esto se legaliza por el Congreso, los congresistas asumirían grave responsabilidad penal, no solo por incumplimiento de sus deberes constitucionales, sino por complicidad en un genocidio planificado y crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo del Perú.

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