Cuenta General de la República

Nuestra Carta Fundamental establece que la Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, es remitida por el Presidente de la República al Congreso de la República en un plazo que vence el quince de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto. La Cuenta General de la República es examinada y dictaminada por una comisión revisora hasta el quince de octubre; el Congreso de la República se pronuncia en un plazo que vence el treinta de octubre; si no hay pronunciamiento del Congreso de la República en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la comisión revisora al Poder Ejecutivo para que este promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General de la República.
La historia constitucional del Perú ofrece antecedentes importantes para entender la evolución de la Cuenta General. El artículo 177 de la Constitución de 1933 estableció la obligación de presentar una Cuenta General, asignando al Ejecutivo la responsabilidad de rendir cuentas, y al Congreso, la de aprobarla. El artículo 200 de la Constitución de 1979 mejoró este mecanismo, añadiendo plazos y responsabilidades para asegurar el control parlamentario. La continuidad de esta norma en la Constitución de 1993 reafirma la importancia del principio de rendición de cuentas en el sistema jurídico peruano.
Desde una perspectiva filosófico-política, la Cuenta General de la República se relaciona con la soberanía popular y el control democrático de los actos del gobierno. La administración de los recursos públicos no es una prerrogativa ilimitada del Ejecutivo, sino que está sujeta a un control constante, con el Congreso representando la voluntad del pueblo. Presentar la Cuenta General es más que una obligación administrativa; es un acto que refuerza la confianza entre gobernantes y gobernados, previniendo la arbitrariedad, uno de los principales riesgos de cualquier sistema de gobierno.
Los tratados internacionales ratificados por el Perú, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), refuerzan la responsabilidad del Estado en la gestión de recursos públicos. El artículo 1.1 del PIDCP otorga a los pueblos el derecho a “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”, lo que exige una administración transparente y responsable. Del mismo modo, los artículos 1.1 y 2.3 del PIDESC imponen a los Estados la obligación de promover el bienestar social y económico mediante mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos.
A la luz de estos principios, la Cuenta General no es solo un trámite, sino un pilar de la rendición de cuentas, que refleja los principios de transparencia y responsabilidad del Estado hacia los ciudadanos. La auditoría de la Contraloría General de la República, que acompaña la Cuenta, refuerza que la gestión de los recursos públicos debe estar bajo un control técnico y especializado, proporcionando una base sólida para que el Congreso tome decisiones informadas.
La norma constitucional establece medidas para el caso en que el Congreso no cumpla con los plazos. Si no se pronuncia sobre la Cuenta General antes del 30 de octubre, el Ejecutivo puede emitir un decreto legislativo basado en el dictamen de la comisión revisora. Este mecanismo tiene un doble objetivo: prevenir la inacción del Estado ante la ineficacia del Congreso y asegurar la continuidad de la rendición de cuentas.
En conclusión, la Cuenta General de la República es un acto de rendición de cuentas que trasciende la formalidad, siendo un componente clave en la estructura constitucional del Perú. Asegura la transparencia, eficiencia y el control democrático en la gestión de los recursos públicos, en línea con los principios de soberanía popular y el Estado de Derecho. Los plazos definidos, la intervención de la Contraloría y el papel de la comisión revisora consolidan este mecanismo como fundamental para la estabilidad democrática y el desarrollo económico y social del país.

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