Deberes como peruano
Nuestra carta fundamental establece que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. La Constitución, como máximo estatuto de una nación, establece un marco jurídico y ético que guía la relación entre los ciudadanos y el Estado. Mientras que los derechos fundamentales del ciudadano suelen ser el foco central de los debates constitucionales, es igualmente esencial abordar los deberes que se esperan del ciudadano. Para una comprensión cabal de esta disposición, es imprescindible analizar sus raíces en la Constitución de 1979 y su eco en instrumentos internacionales.
Los artículos 73 y 74 de la Constitución de 1979 se presentan como claros antecedentes. El artículo 73 estipula que “Todos tienen el deber de honrar al Perú y de resguardar y proteger los intereses nacionales”, mientras que el artículo 74 enfatiza que “Todos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. Estas disposiciones, aunque concisas, proporcionan una base conceptual sobre la que se edificó el texto constitucional bajo análisis; reflejan una concepción de deber cívico en la que la protección de la soberanía, la identidad y el marco legal del país son fundamentales.
En el ámbito internacional, el deber cívico y la relación entre el ciudadano y su nación también han sido objeto de consideración. El artículo XXXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que “es deber del hombre servir a la causa de la justicia y del bienestar, conforme a las exigencias del bien común”; esto concuerda con la noción de proteger los intereses nacionales enunciada en las constituciones peruanas. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 20, subraya la importancia de la identidad nacional; el artículo 32.1 remarca que “El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Convención está sujeto únicamente a las restricciones previstas por la ley”, lo que coincide con la obligación de respetar el ordenamiento jurídico. Finalmente, el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a una nacionalidad, refuerza indirectamente la idea de deberes asociados a esta nacionalidad.
Estos instrumentos, en conjunto con las disposiciones constitucionales, revelan una narrativa coherente sobre los deberes cívicos. La disposición constitucional no solo se presenta como un mandato aislado, sino como parte de un tapiz jurídico más amplio que subraya la responsabilidad del ciudadano en la construcción y protección del tejido social y político de la nación.
Honrar al Perú, en el marco de nuestra ley fundamental, implica más que un gesto superficial de respeto; implica un compromiso profundo con la identidad, cultura, historia y valores que definen la nación; es un llamado a la integridad, al orgullo y al respeto por las raíces y tradiciones que han moldeado el país; en este sentido, se espera que el ciudadano peruano, independientemente de su origen, religión o filiación política, se identifique y se comprometa con este legado. Proteger los intereses nacionales es un llamado a la vigilancia y a la acción; va más allá de la mera defensa territorial, implicando la protección de los recursos, la cultura, la economía y, fundamentalmente, la soberanía en todas sus manifestaciones; es un reconocimiento de que cada ciudadano es un custodio de los tesoros y potencialidades del Perú. Por último, la disposición de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico implica un deber activo de proteger la democracia y el Estado de Derecho; es un recordatorio de que la ley, en una democracia, no es una imposición arbitraria, sino el reflejo de la voluntad colectiva y un instrumento para garantizar la justicia, la equidad y la libertad.
Al fusionar la perspectiva nacional con la trascendencia internacional, la norma constitucional emerge como una disposición fundamental en el panorama jurídico peruano; no sólo articula los deberes del ciudadano, sino que también refleja aspiraciones, valores y principios compartidos en la región y más allá. Así, se convierte en un llamado universal a la responsabilidad cívica, a la integridad y al compromiso con la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y próspera.
En conclusión, el texto glosado, enraizado en antecedentes constitucionales y enriquecido por instrumentos internacionales, es una declaración potente de los deberes que se esperan del ciudadano peruano. Más allá de su carácter normativo, invita a una profunda reflexión sobre el papel del individuo en la sociedad y en el mundo, instando a cada peruano a asumir un rol activo en la defensa y promoción de los valores y principios que definen.
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