Defender la autonomía universitaria no es un delito

Defender la autonomía universitaria no es un delito, sino un acto académico y hasta patriótico. A partir de la promulgación de la Ley 30220, que crea dos entes supra universitarios encarnados en el Ministerio de Educación y la Sunedu, la Autonomía Universitaria quedó extinguida, materializándose una flagrante vulneración de lo previsto en el Art. 18 de la Constitución peruana, al quedar sometidas todas las instituciones de educación superior, a una situación de interdicción, puesto que no existe una sola actividad académica, administrativa, financiera que puedan realizar, sin la intervención de dichas entidades.
El sometimiento fáctico de las universidades a estas dos instituciones dependientes del Gobierno dio lugar a que, a través de una gama de reglamentos aprobados más allá de los lineamientos definidos por la Ley Universitaria, se genere una nueva instancia de poder a través de la cual se empezaron a vulnerar derechos humanos, especialmente ese derecho fundamental como es la educación. Miles de estudiantes vieron frustradas sus aspiraciones de profesionalizarse al quedar en el limbo debido al cierre de las universidades donde estaban siguiendo una carrera.
Este empoderamiento del Ministerio de Educación y la Sunedu ocasionó que los representantes de las universidades que públicamente cuestionaron esos abusos, sean objeto de represión política y de orden legal, circunstancia ante la cual, por estrategia de sobrevivencia y de resguardo de los intereses de su universidad, hayan optado por el silencio y el sometimiento humillante ante los exabruptos de las referidas entidades públicas. La Sunedu se ha vuelto intocable, y quien que se atreva a cuestionar la pasa muy mal, a través de las multas con sumas cuantiosas, acciones legales, desprestigio público de sus autoridades, en contubernio con algunos medios de comunicación inescrupulosos.
Tuvieron que pasar siete años para que, tras la elección de mujeres como rectoras de importantes universidades, a través de ellas se inicie una nueva lucha para reivindicar la autonomía, que se consolidó con la aprobación de la Ley 31520, que reivindica la autonomía universitaria, elimina la intervención del Ministerio de Educación y otorga un carácter más participativo al Consejo Directivo de la Sunedu.
El contenido de la Ley 31520, generó una reacción esquizofrénica en el Ministerio de Educación y la Sunedu, como si se les estuviese arrebatando un botín, debido al dominio político que ejercen determinados grupos de poder sobre ellas. Cabe enfatizar que es falso el discurso de defensa de la calidad académica, porque durante todos estos años, a través de la Sunedu, no se viabilizó ningún proceso evolutivo en favor de la educación superior. Lo único que se vio, en estos años, es el autoritarismo de dicha institución bajándole el pulgar a las universidades.
Con preocupación, se advierte que, en ese afán desesperado de resguardar intereses y privilegios, el Ministerio de Educación, la Sunedu y sus aliados en el poder han empezado a manipular al Poder Judicial, promoviendo fallos judiciales absolutamente ilegales, como el pretender que el Congreso de la República deje sin efecto una ley que ya fue promulgada y está en etapa de cumplimiento o ejecución. A ello, se suma el acoso sistemático contra las autoridades universitarias, amenazando con juicios y sanciones si se atreven a cumplir la Ley 31520. Sólo en un país macondiano pueden acontecer estas irregularidades, con el agravante de que a todos aquellos que se atrevieran a defender la autonomía universitaria, el Ministerio de Educación y la Sunedu los considerarán delincuentes y promoverán acciones penales en su contra.
Corresponde aclararles a los representantes de estas dos entidades que la defensa de la autonomía universitaria es un acto patriótico, y no un delito. Lo que sí constituye una conducta delictiva es el prevaricato que cometió la juez supernumeraria, que con una írrita resolución pretende que el Congreso de la República actúe ilegalmente.