Delitos Fiscales
Sorprendidos por la temeridad con que vienen actuando algunos fiscales que han quebrado no solo la institucionalidad del Ministerio Público por su sometimiento al poder político y su deliberado desconocimiento de la línea de autoridad en este organismo constitucionalmente autónomo, sino porque han roto con todo principio de legalidad en el procedimiento de investigación del caso Lava Jato, hasta yendo en contra de mandatos judiciales.
Ni qué decir del principio de razonabilidad de los actos fiscales, los cuales además de ser legales deben ser razonables, es decir, no pueden ir en contra de la racionalidad de sus objetivos, como devolverle dinero del Estado al responsable de un delito, cuando éste le debe al Estado mucho más por concepto de impuestos no pagados o por reparación civil que debe pagar.
Pero esto cobra indicadores de suma gravedad, cuando vemos que la juez que supervisa esta investigación condicionó la procedencia de esta devolución a que los beneficiados con el Convenio de Colaboración Eficaz no tengan otras obligaciones por las que responder frente al Estado.
Que los fiscales del caso Lava Jato que hacen ostentación de extraño poder al propio poder fiscal, hayan decidido por sí y para sí devolver 524 millones de soles a la empresa Odebrecht, con el consentimiento de la Procuraduría Pública, dependiente del Poder Ejecutivo, sin haber indagado las obligaciones pendientes de esa empresa con el Estado en relación con otros casos, en materia tributaria, o de otra naturaleza, y no hayan considerado improcedente la devolución, sólo por el pago pendiente de la reparación civil, aplicando el artículo 100 del Código Penal, demuestra un concierto delictivo que ya tiene características de escándalo fiscal.
El silencio de la fiscal de la Nación sólo demuestra el secuestro político del Ministerio Público, bajo el temor de sus miembros de ser perseguidos como el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, denunciado como delincuente sin haber cometido ningún delito.
La organización criminal que se debería investigar es la que se ha formado al interior del Ministerio Público y que tiene su cabeza bipolar en el Poder Ejecutivo y en una ONG que sirve a los intereses de los financistas de Odebrecht.
Sus delitos: asociación ilícita para delinquir, contra la administración de justicia y contra la fe pública, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de función, encubrimiento real, corrupción de procuradores y fiscales y negociación incompatible en agravio del Estado.
