Detrás de la asamblea constituyente

Uno de los reclamos de la protesta social es la convocatoria a una asamblea constituyente para aprobar una Constitución que sea el instrumento de las reivindicaciones sociales y que ponga término a la entrega interminable del patrimonio nacional.

Se ha hecho creer a la población que una nueva Constitución traerá la solución a la ausencia de Justicia social y  la recuperación de nuestros recursos naturales; ambas sujetas más a las políticas y decisiones de gobierno que al marco constitucional, como lo hemos visto a lo largo de los últimos 30 años, en que los gobiernos invocaban la Constitución para permitir todo lo que la Constitución prohíbe, por corrupción.

La Constitución de 1993  se aprobó por instrucción de la banca mundial como condición para la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional bajo el gobierno de Alberto Fujimori, quien continuó con la entrega de las actividades productivas del Estado y los recursos naturales de nuestro país a las corporaciones de la élite globalista, lo que constituyó el inicio de la ejecución del plan de globalización de la economía peruana al servicio de los intereses extranjeros, con norma constitucional que puso rango de contratos intocables al despojo indefinido del patrimonio nacional.

Por lo que un gran sector de la población  peruana ha abierto los ojos y visto que hay que modificar esta Constitución que patenta la entrega ilimitada de nuestros recursos a intereses extranjeros, y que manifestada la protesta social por la ilegitimidad del gobierno de Boluarte, y la exigencia de su debida renuncia, clamen por una Asamblea Constituyente que ponga término a la explotación extranjera del patrimonio nacional.

El peligro de ir a una Asamblea Constituyente es que quienes la promueven desde el exterior son los mismos que están financiando el conflicto social, lo que demuestra el interés manifiesto de su instrumento: el gobierno mundial de la ONU, de ponernos contra las cuerdas para que aceptemos ir a un proceso de reforma constitucional para que se pueda imponer su modelo de Constitución que anunciaron recientemente como formato para el mundo.

Dicho formato constitucional contiene los anti-derechos humanos  (los criterios de gobierno por el mal),  crea los mecanismos soterrados de sujeción de las naciones a su gobierno mundial, eliminando la soberanía de los pueblos, y patenta la disponibilidad de los recursos naturales nacionales  como patrimonio del mundo.

No nos dejemos engañar, reformemos ahora el régimen económico de la Constitución del 93; y cuando esta dictadura mundial haya caído del todo, evaluemos una Asamblea Constituyente.