Educación universitaria

Nuestra carta fundamental establece que la educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica; el Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas; la ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados; participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

Este texto mantiene la misma estructura, lógica y doctrinal, del texto contenido en la anterior carta de 1979, destacando los tres elementos principales de la universidad: libertad de cátedra, organización y autonomía. La Constitución de 1993 prescindió de legislar sobre la universidad, quizá porque había solo cinco universidades: “San Marcos, Cuzco, Arequipa, La Libertad y Universidad Católica del Perú” (sic); de manera tangencial menciona que es propósito del Estado fomentar la educación superior, que la libertad de cátedra es un mandato constitucional y que los asuntos administrativos de las universidades deben ser resueltos en última instancia por los Concejos Distritales.

Ya en 1979 existían 34 universidades y era imperioso legislar sobre la universidad, pues se habían promulgado sucesivas leyes universitarias y modificado algunas mediante Decretos-Leyes y hasta por una Ley Orgánica de Educación con dispositivos referidos a la universidad; se había desarrollado, además, la IV Conferencia Internacional de Universidades, convocada por la Asociación Internacional de Universidades, en Tokio, en el año 1965, consagrándose la autonomía universitaria a nivel global.

En 1088 fue fundada la Universidad de Bolonia, poco tiempo después aparecieron las universidades de Oxford (1096) y de París (1150); en estas primeras universidades se enfatizaba el estudio de Teología, Filosofía y Derecho; aunque también se orientaban hacia ciencias específicas, procuraban organizar los conocimientos, la cultura y los logros del pensamiento; en el mundo hispano, Salamanca fue creada en 1218; en nuestro país, San Marcos en 1551.

En los inicios de la universidad se fueron formando asociaciones de maestros y estudiantes, algo así como corporaciones de intelectuales, emulando a las corporaciones de artesanos, que se caracterizaban por la amplia libertad en sus actuaciones; quienes formaban parte de estas corporaciones de universitarios gozaban de derechos especiales que les garantizaban independencia respecto del poder político, encontrándose excluidos del poder monárquico, tenían derecho a huelga y contaban con el monopolio de otorgar licencias para enseñar.

Al igual que todo, el concepto de universidad evolucionó; hoy en día, la universidad acoge a múltiples ramas de la ciencia y del humano saber; algunas especialidades de la técnica han llegado a tener nivel universitario, pero, a su vez, en algunos casos la noción de universidad ha ido perdiendo su esencia y ha pasado a designar de modo ambiguo y genérico a instituciones que poco o nada de común tienen con la verdadera universidad.

En el Perú tenemos universidades públicas y privadas, dentro de éstas últimas, asociativas y societarias (sin y con ánimo de lucro); es decir, compiten las universidades del Estado con las universidades de particulares, en desigualdad de condiciones, lo que ha complicado a la educación superior universitaria en los últimos tiempos.

La mercantilización de la educación impulsó el ingreso y la expansión sub regulada de instituciones privadas como oferentes de educación superior, reduciendo progresivamente los fondos entregados por el Estado a las universidades estatales. Esta reducción de financiamiento ha tenido efectos en la matrícula, las universidades estatales representan el 31 % frente al 69 % de las universidades privadas; en las últimas décadas, las casas de estudios públicas fueron las que menos crecieron, a diferencia de las privadas que, en algunos casos, han cuadruplicado sus matrículas.

Pese a la postergación, la universidad pública lidera la preferencia de los postulantes y mantiene altos niveles de calidad; por otro lado, estas casas de estudios tienen un evidente compromiso con la inclusión, aun cuando están dentro de un sistema de competencia voraz y desigual.

El derecho a la educación universitaria debe estar garantizado plenamente y hacerse efectivo mediante normas de desarrollo que atiendan las necesidades de las instituciones, muy en especial de aquellas que dependen de los recursos del Estado; se debe reconocer y apoyar el rol tan importante que cumplen con un adecuado financiamiento, acorde con su ubicación geográfica y particularidades propias. Concluiré con las sabias palabras del Amauta Javier Pulgar Vidal: “Si algo anda bien en un país, es por la universidad; pero, si algo anda mal, es por culpa de la universidad”.

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