El ACB de las leyes

Con beneplácito participe en una reunión de trabajo con el equipo técnico de la Oficina de Calidad Legislativa del Congreso para analizar un documento que servirá para el Análisis Costo Beneficio (ACB) de los proyectos de ley. Debemos tomar en cuenta que el ACB para las iniciativas legislativas data el año 2006 donde el economista Javier Tantaleán Arbulú, entonces asesor de la presidencia del Congreso, publica un estudio y establece las herramientas de análisis que permitiría saber si realmente las iniciativas legislativas beneficiarán o no a la población.

Este primer trabajo hizo que el reglamento del Congreso incorpore dos artículos para que los proyectos de ley y los dictámenes incluyeran el ACB en su elaboración, los cuáles han sufrido modificaciones en el año 2021 pero que en la práctica no han dado los resultados deseados.

La Oficina de Calidad Legislativa en su análisis del período legislativo 2016-2021 demuestra que si bien un buen número de proyectos de ley han tenido el ACB, éste no ha sido del todo eficiente ya que su mayoría, como se sabe, concluyen con la frase conocida,de “ este proyecto de ley no irrogará gasto”, que en la práctica sólo es un saludo a la bandera.

El propósito de un ACB es el de saber los beneficios sociales que tendrá una ley, así como los efectos que podría tener en el presupuesto, considerando además aspectos cualitativos de la normas como la problemática que se pretende atender y los cambios probables en el bienestar de las personas para quienes está dirigida la norma.
Sin embargo, creo que el ACB para los proyectos de ley que se inspira en análisis social de los proyectos de inversión, deben para el caso del Congreso, incluir aspectos más sociales que económicos. Pero el asunto, de cara a la imagen del Congreso, es que este tipo de estudios no son de conocimiento de la población ni de los analistas políticos ni de los medios de comunicación.

Es probable que con el tiempo se evalúe la necesidad de cambiar la estructura de la leyes para incorporar una explicación sobre beneficios de las leyes que el Congreso aprueba; la redacción jurídica también debe ser amigable para las personas.

La estructura técnica de las leyes que data de casi 200 años no estuvo pensada para esta época donde hay la necesidad de una comunicación eficiente ante la población.

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