El derecho de saber

Se nos ha robado el derecho de saber cuán arrodillados ante Odebrecht nos deja un acuerdo cuyo blindaje es grosero, y posible gracias al Decreto Legislativo N°1301 (29/12/16) gestado por el Ejecutivo, con Kuczynski a la cabeza y Marisol Pérez Tello como ministra de Justicia. Este modificó artículos del Código Procesal Penal

-472 al 481- con el cuento de “dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz”.

Hoy se sabe que los ejecutivos de la constructora mintieron a nuestros ¿ingenuos? fiscales e intentaron destruir información relevante de las coimas en megaproyectos como el gasoducto del sur. Rafael Vela, ahora ahijado por Mario Vargas Llosa; y José Domingo Pérez, el que llama guerrilleros a los carniceros terroristas, debieran ser separados del caso y el acuerdo de pacotilla, destruido. Fue gracias a los periodistas ecuatorianos de la web “La Posta” que supimos cuán villanos son los testigos brasileños en defender de sus intereses y porque para ellos y sus poderosos consorciados locales de “los blanquísimos cuellos”, el Perú no es más que el paraíso del impune desplume.

El miércoles la jueza María de los Ángeles Álvarez informó la imposibilidad de publicar el acuerdo debido al mencionado Decreto Kuczynski-Pérez Tello, pues solo las partes procesales pueden solicitarlo: es decir, el cuestionado Equipo Especial Lava Jato, o lo que es lo mismo los defensores a ultranza del “acuerdo” benéfico para los atracadores brasileños; la Procuraduría ad hoc; los abogados de la empresa que nos despellejaron y los colaboradores eficaces. ¿Por qué alguno de estos querría la difusión del pacto?

Sabemos con certeza que los representantes de Odebrecht mintieron, y según decía antes Gustavo Gorriti, en el marco de “los acuerdos de colaboración entre las fiscalías de Perú y Brasil, y con Odebrecht […] mentir tiene consecuencias graves” (Caretas 27/9/2018); pero ahora sostiene “ha trascendido […] que Odebrecht ha sugerido a los fiscales del Equipo Especial una nueva rueda de declaraciones […] para ‘decodificar’ y explicar la información”. ¿Y las “graves consecuencias” si mentían? Se protege un acuerdo perjudicial para nuestro país y beneficioso para quienes lo expoliaron, conjuntamente con sus socios peruanos. Odebrecht seguirá contratando con el Estado, pagará una compensación irrisoria a lo largo de más de una década, sus propiedades y cuentas en el país no serán incautadas, como si nada hubiesen perpetrado.

IDL-Reporteros publicó hace algún tiempo que dinero de Odebrecht pasó por las manos del dictador venezolano Nicolás Maduro. Y después dan cátedra de democracia y transparencia. ¡Ayayaycito!