El feminicidio: una emergencia nacional

El feminicidio, una de las formas más extremas de violencia, sigue siendo una crisis alarmante en el Perú. Durante el último año, más de 150 mujeres fueron víctimas de este flagelo, una cifra que evidencia la gravedad del problema. A pesar de los avances legislativos y de las políticas públicas existentes, la falta de una implementación efectiva y la indiferencia institucional perpetúan este grave problema. En este contexto, se hace indispensable un enfoque integral y coordinado que incorpore la salud mental como un factor relevante para la atención a esta problemática.
El feminicidio no ocurre en un vacío; es el resultado de una cadena de violencias normalizadas, donde el machismo, la desigualdad estructural, los trastornos mentales y emocionales y la falta de voluntad política convergen para perpetuar la vulnerabilidad de las mujeres y su entorno. En muchas ocasiones, las víctimas buscaron ayuda, acudieron a las autoridades, denunciaron a sus agresores. Sin embargo, sus voces fueron ignoradas, sus casos minimizados. Las medidas de protección, si llegaron a existir, fueron insuficientes. La muerte de cada una de estas mujeres representa el fracaso del Estado y la sociedad.
Comparado con otros países de América Latina, el Perú enfrenta una situación crítica. Mientras que naciones como Argentina o Colombia han avanzado en la implementación de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia de género, el Perú se mantiene rezagado. Las leyes que penalizan el feminicidio no bastan si no van acompañadas de acciones integrales y sostenidas. Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y las comisarías especializadas son escasas y carecen de personal capacitado. Los sistemas judiciales, en lugar de proteger a las víctimas, las revictimizan o permiten la impunidad de los agresores.
La falta de acción política no es solo preocupante, es inaceptable. La respuesta política frente al feminicidio ha sido, en el mejor de los casos, reactiva, y en el peor, inexistente. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de compromiso. ¿Cuántas vidas más se perderán antes de que se entienda que esta es una emergencia nacional?
El Estado debe conformar una Comisión Multidisciplinaria integrada por los principales responsables de las políticas públicas para la protección de los derechos de la mujer. Esta comisión, denominada Consejo de Estado, tendría la responsabilidad de informar de manera continua sobre los objetivos, planes, acciones y el cumplimiento de las metas dentro de plazos razonables. Es fundamental recordar que las mujeres no son simplemente estadísticas, sino vidas que merecen protección y respeto.
Para la atención integral a esta problemática es urgente incorporar programas de atención a la salud mental y emocional tanto para mujeres como para hombres. La educación escolar y universitaria debe incorporar este eje y formar agentes de cambio, donde el respeto y la valoración mutua sean los principios orientadores.
Veamos más allá de víctimas y victimarios; demos un salto, incluso atendiendo a estas poblaciones que por lo general son los agresores. ¿Podríamos además incorporar una línea de emergencia para hombres, así como existen para las mujeres, que disponga de profesionales psicólogos y psiquiatras que atiendan llamadas en contextos de crisis?
La lucha contra el feminicidio no puede quedarse en promesas vacías o discursos simbólicos. Es hora de que la política deje de ser cómplice de este flagelo y actúe con la urgencia que la situación demanda. Es momento de transformar la indignación en iniciativas que promuevan mejores seres humanos, porque ninguna vida más debería ser arrebatada por la violencia.
¡Basta de feminicidios! Es hora de actuar.

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