El Perú y la OEA

Es bueno recordar que, en tiempos pretéritos, la OEA ha colaborado con el sistema democrático peruano. Cuando se produjo el autogolpe del 5 de abril de 1992, y luego de tratar de acercar a las partes en conflicto, se reunió su Asamblea General en Nassau el 18 de mayo de dicho año, donde se llegó a una transacción política mediante la cual se convocó al Congreso Constituyente (CCD). Estuvieron el propio Alberto Fujimori con varios de sus ministros y el autor de esta nota representando a la oposición.
En el año 2000, producido el intento de renuncia de Alberto Fujimori y su destitución por el Congreso de aquel entonces, la OEA ayudó para llegar a una solución práctica, mediante la cual se redujo el periodo presidencial y parlamentario y se inició un gobierno transitorio jefaturado por Valentín Paniagua. Un año más tarde coadyuvó con el Perú en su propuesta de adoptar la Carta Democrática Interamericana.
Ahora el gobierno del Perú ha solicitado la intervención de la OEA para que con la visita de una delegación de tal organismo, se pueda colaborar en la búsqueda de acuerdos políticos que pongan fin a la crisis peruana, lo que podría ser un bumerán para Castillo.
Pero es el caso que no estamos ante situaciones similares a las vividas en 1992 y 2000, pues ahora no tenemos que superar ningún golpe de Estado, ni menos intento de él, como tampoco estamos frente a la fuga y no retorno del primer mandatario. Ahora estamos frente a infinidad de hechos desdorosos, infracciones a la Constitución e incluso varias denuncias de carácter penal, procesadas ante la Fiscalía de la Nación contra el presidente Castillo, varios de sus familiares, allegados y colaboradores, así como funcionarios del régimen.
El gobierno peruano, con lágrimas de cocodrilo, ha ido a lloriquear a la OEA, quejándose que se intenta un golpe de Estado, lo que es falso, pues lo que sucede en el Perú son el ejercicio de prerrogativas investigatorias del Ministerio Público y la activación del fuero parlamentario, de acordarse su actuación.
Como es fácil entender son situaciones diferentes y ahora se inician las instancias que la Constitución legítimamente tiene previsto.
Esperemos que la OEA actúe con imparcialidad, que escuche no solamente a las altas autoridades nacionales, sino también a los representantes de las agrupaciones y colectivos políticos, se encuentren reconocidos o en proceso de oficialización. No debe suceder lo acontecido en noviembre del año 2020 en que solamente se escuchó al gobierno que sustituyó a Manuel Merino, y además con venda en los ojos, tapones en los oídos y mordaza en la boca.
La OEA debe con su actuación, recobrar el prestigio de que antes gozó, y que su actual secretario general, trate por lo menos de imitar a sus antecesores como Alberto Lleras Camargo, Galo Plaza, Alejandro Orfila, Luigi Einaudi, Joao Baena Soares y José Miguel Insulza, a quienes por supuesto extrañamos por sus dotes de imparcialidad y actuación decorosa.

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