El tráfico de personas en el Perú

La trata de personas es una violación de los derechos humanos y una forma de conducta criminal que afecta a personas de todo el mundo, circunstancia ante la cual, el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo contra la Trata de Personas, cuya nomenclatura completa en inglés es: “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children”.

De acuerdo a esta normativa internacional, “ La trata de personas significa el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, mediante amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. La explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos humanos”.

Tres elementos comprende este tremendo delito: el acto, los medios y el propósito de la explotación, cuyos efectos perniciosos ofenden la dignidad del género humano en su conjunto y afectan a colectivos de personas en situación de gran necesidad económica, vulnerabilidad jurídica y una ostensible situación de indefensión o desprotección ciudadana.

Ningún país en el mundo puede sentirse liberado de este flagelo que se materializa en una o más proporción en diferentes regiones, todos los días, mientras las acciones de los organismos del Estado continúan siendo insuficientes, por diversas razones, entre ellas la fusión de la trata de personas con otros flagelos como el narcotráfico o las ingentes cantidades de dinero que entran en juego, con capacidad para comprar autoridades.

Lo delicado del problema es que los clientes o beneficiarios de este delito son personas de gran potencial económico y muchos de ellos están encaramados en instancias de poder político sobre quienes generalmente la eficacia policial y el accionar judicial nunca recae con contundencia, precisamente por el poder de influencia que ejercen.
Focalizando el análisis de la problemática en nuestro territorio, genera alarma en la ciudadanía y simultáneamente indiferencia en instancias de poder político que la trata de personas mueva en el Perú más de U$$ 1,300 millones al año y se estima que los explotadores obtienen U$$ 700 millones por actividades vinculadas a la explotación sexual y otros US$ 600 millones por explotación laboral, de acuerdo a un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo y la organización CHS Alternativo.

El mencionado estudio toma como referencia las actividades vinculadas a las distintas formas de trata de personas y su comparación con parámetros internacionales, desnudando el dato de una ganancia de S/ 28,875 anuales por cada una de las víctimas de trata de personas, mientras el Estado peruano invierte apenas S/ 0.12 por persona para prevenir, perseguir el delito y proteger a las potenciales víctimas.

Es necesario sopesar en el hecho comprobado que en el mundo las tres actividades ilícitas más lucrativas, que reportan millones de millones de dólares como ganancia, son el tráfico de armas, el narcotráfico y la trata de personas, con las respectivas secuelas de violencia, violación de derechos humanos, en un escenario de impunidad de los autores y un elevado grado de inseguridad e indefensión ciudadana de las víctimas.

Precisamente por tratarse de una actividad que genera tanta ganancia los protagonistas de esta inhumana actividad van innovando sus modalidades de captación, habiendo incursionando en las redes sociales, aprovechando el espacio digital para conseguir víctimas, fusionan esta inconducta con otro delito que es la utilización de la pornografía infantil, actividad en la que son utilizados los niños para consolidar sus fechorías, contradiciendo el principio universal que sostienen los estados de resguardar el Interés Superior del Niño.

En momento tan crítico de incremento exponencial del número de víctimas en el mundo y en el Perú, corresponde tomar conciencia individual y colectiva para aunar esfuerzos que permitan generar un combate eficaz contra la trata de personas, antes que el problema se torne irreversible.

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