El Tribunal Constitucional hizo justicia
En la presente semana, el Tribunal Constitucional peruano dictó una sentencia a través de la cual establece la constitucionalidad de la Ley 31520, norma legal que restituye la autonomía a las universidades y le otorga un carácter más democrático, representativo e inclusivo al directorio de la Sunedu, a efecto de que esta entidad estatal desarrolle un trabajo más efectivo en favor de la educación superior en el país.
Las reacciones frente al mencionado fallo son de diversa orientación, al respecto considero que, tras conocerse el texto de la mencionada sentencia, corresponde asumir con serenidad y un profundo sentido de responsabilidad las tareas que en adelante se deben implementar, en aras de viabilizar efectivos proyectos de fortalecimiento institucional de las universidades al amparo de la autonomía restituida. Considero que están por demás las expresiones radicales sobre el tema en uno u otro sentido, publicadas en los medios de difusión y las redes sociales. Por ejemplo, decir que el fallo del Tribunal Constitucional “restituye a la vieja Asamblea Nacional de Rectores”, o que le brindará licencia a las universidades ya cerradas y que “el Congreso se tumbó a la Sunedu”, son expresiones interesadas que desinforman a la opinión pública y que no contribuyen a la idea de promover espacios de concertación e intercambio de ideas sobre cómo hacer que la Sunedu en adelante cumpla una función más transparente, liberada de las influencias políticas que le imponían una agenda en función de intereses absolutamente distanciados de los grandes objetivos que persigue la educación superior en el país.
No es verdad que la ley 31520 y la sentencia que define su investidura constitucional, reestablecen la Asamblea Nacional de Rectores, este organismo ha sido extinguido definitivamente en su momento y nadie piensa resucitarlo, de modo que difundir afirmaciones en ese sentido es desinformar a la población. Tampoco es evidente que el Congreso se tumbó a la Sunedu, porque la propia Ley 31520 establece su continuidad y vigencia. Lo que sí es importante enfatizar es el hecho de que subyace la necesitad ostensible de DESPOLITIZARLA, porque la referida institución no puede ni debe estar al servicio de organizaciones partidarias, bajo esa idea su directorio debe ser reflejo de pluralidad, visión inclusiva y de plena interiorización sobre la realidad universitaria, ese es el motivo por el que la citada ley determina una composición cualitativamente distinta a la que definió la anterior Ley 30220.
Ante esa circunstancia, la sentencia del Tribunal Constitucional es eminentemente justa, además de oportuna en el tiempo y el espacio, porque en adelante permitirá subsanar un conjunto de anomalías que se materializaban en franco atentado a la educación universitaria. Bajo ese contexto, lo que hoy requiere el país sobre este tema, no son voces de confrontación, sino planteamientos que nos permitan asumir con vocación de servicio cómo afrontamos juntos los desafíos enormes que se presentan. Las universidades tienen el derecho y la obligación de estar a la altura de los retos que te impone el siglo XXI, por lo tanto, requerimos de políticas públicas que promuevan el desarrollo universitario y no se centren en un controlismo administrativo dependiente del gobierno de turno. Los espacios conseguidos son prueba de los esfuerzos de cada universidad, es decir, mérito propio de su comunidad universitaria, pese al constante acoso y hostigamiento de la Sunedu y el Ministerio de Educación.
Consolidada la restauración de la autonomía por virtud de la Ley 31520 y la reciente declaratoria de su constitucionalidad, no corresponde asumir posiciones triunfalistas, sino ponernos a trabajar para recuperar tiempos y espacios perdidos, bajo la consigna de que, siendo la educación superior un derecho humano insoslayable, es oportuno extinguir ese falso criterio que inspiraba a los enemigos de la autonomía, quienes actuaban bajo la premisa de que la educación es una mercancía y se la debe someter a las reglas del mercado. Hacia adelante se potencia nuestra fe y esperanza de que la educación superior universitaria en el Perú será cualificada al impulso de la fortaleza institucional de sus universidades.
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