El uso desproporcionado de la fuerza pública

Se ha perdido la capacidad de razonar lógicamente en función del reconocimiento de la realidad, que depende de la aptitud moral para reconocer la verdad.

La prensa financiada con objetivos políticos no santos, siembra en la mente de la población falsas percepciones de la realidad, sirviendo al innoble fin de construir falsas realidades que se terminan por percibir como peligrosas “verdades”.

Fruto de esa manipulación, muchos creen ahora que los ciudadanos que protestan contra el gobierno de Boluarte son delincuentes terroristas, que están destruyendo el país, y que el uso de la fuerza pública con armas letales está plenamente justificado en aras de la paz social.

El peligro mayor de esta falsa percepción es que está facilitando la abolición práctica de los Derechos Humanos y que el quiebre del Orden Constitucional no importe a los que tienen la ilusión de alcanzar paz en medio de la sangre de los muertos inocentes y de la clamorosa injusticia que moviliza la protesta social.

La Ley 31012 promulgada por el Congreso el 27 de marzo de 2020, con motivo de la lucha contra la delincuencia, permitió el uso de armas letales en la actuación policial, al derogar el Decreto Legislativo 1186 que en su artículo 4.1.C obligaba al uso proporcional de la fuerza:

“4.1. EL USO DE LA FUERZA POR EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL SE SUSTENTA EN EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EN LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:
C. PROPORCIONALIDAD.- EL USO DE LA FUERZA ES PROPORCIONAL CUANDO EL NIVEL DE FUERZA EMPLEADO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO LEGAL BUSCADO CORRESPONDE A LA RESISTENCIA OFRECIDA Y AL PELIGRO REPRESENTADO POR LA PERSONA A INTERVENIR O LA SITUACIÓN A CONTROLAR.”

La derogatoria de este decreto legislativo es la errónea base legal para el arbitrario y desproporcionado uso de la fuerza pública en la represión de la protesta ciudadana, lo que además de ser inconstitucional por transgredir tratados internacionales de Derechos Humanos y nuestra Constitución, vulnera los principios de LEGALIDAD y NECESIDAD, que no han sido derogados, por lo que estamos ante hechos no sólo violatorios de derechos humanos, sino ante crímenes de lesa humanidad, cuando vemos personal policial y militar disparar a quemarropa a campesinos inocentes, parados pacíficamente en una calle, por protestar contra la injusticia endémica que los asesina en silencio, hundidos en las peores condiciones de pobreza, siendo los dueños de las riquezas del Perú.