Escándalo y farsa
Frente a lo declarado por Jaime Villanueva, colaborador eficaz y ex asistente de la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hay tres niveles de análisis: el jurídico, que exige pruebas de todo lo afirmado; el político, que evalúa el efecto de las revelaciones; y el mediático, que informa y opina desde la convicción sobre la veracidad de los hechos.
Villanueva ha revelado poco realmente nuevo. El tráfico de influencias, la usurpación de funciones, el cohecho, el desvirtuamiento funcional de los fiscales comprometidos en los casos contra Keiko Fujimori, las investigaciones sobre Odebrecht, la muerte del presidente García y el fraude electoral por lo menos se intuían. Pero, claro, el nivel de detalle y la precisión de los datos ahora alcanzados además de verosímil resulta espeluznante y lleva a una conclusión inicial: el Ministerio Público estaba criminalmente controlado e instrumentalizado por los caviares, con Gustavo Gorriti a la cabeza de una corrupción sistémica que implicaba a varios medios periodísticos, decenas de periodistas convertidos en activistas y la utilización de audios y videos ilegalmente captados y filtrados para extorsionar a quienes osaran cuestionar a la progresía izquierdista, o se enfrentaran a las empresas corruptas.
Ante estas evidencias correspondía investigar y sancionar integralmente. Pero con descaro se ha armado una farsa: el testimonio de Villanueva data del 30 de enero, y solo se ha abierto la investigación el 10 de febrero por el escándalo mediático. Se investiga por separado a Vela Barba y a José Domingo Pérez por separado, cuando debía incluírseles en presunta organización criminal junto a terceros; al ex FN Pablo Sánchez no se le suspende sumarísimamente como a la Benavides; y a Gorriti ni siquiera se le abre un expediente pese a todos los indicios y elementos de convicción. Además ninguno tiene medidas preventivas, como simples órdenes de arraigo, con lo cual podrían escaparse, ocultar pruebas y dificultar la acción de la justicia.
Tremenda diferencia respecto de Patricia Benavides, a quien se le suspendió a partir de simples fotocopias de chats ilegítimos.
La falta funcional corresponde al FN interino Villena y los miembros de la JNJ. Así hoy solo queda la esperanza de que desde el Congreso se arme una comisión investigadora que ponga orden; o que el Ejecutivo declare en reorganización tanto a la Junta cuanto al Ministerio Público, porque se está corriendo el peor de todos los riesgos: que los crímenes descubiertos queden en la impunidad total.
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