Estado contribuyó a excesos del SIDH
Mucho se ha dicho y escrito sobre los excesos y deficiencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que comprende a la Comisión y a la Corte del mismo nombre, pero poco se ha dicho respecto a las responsabilidades e incongruencias del Estado Peruano al responder a las denuncias que tiempo atrás se sometieron a la Comisión y a los procesos que se le iniciaron ante la Corte.
Con ocasión de la reciente sentencia de nuestro Poder Judicial en el caso del homicidio de que fue víctima Pedro Huilca, salieron a la luz pública diversos hechos que acreditan que el Estado Peruano contribuyó a los excesos a los que nos referimos, como fue el nombramiento de agentes inadecuados que defendieran su posición, los allanamientos irresponsables, acuerdos amistosos que eran claudicantes, liderazgo de la Cancillería en asuntos jurídicos, cuando ello debió estar a cargo del Ministerio de Justicia, falta de seguimiento de los procesos a través de nuestra representación permanente ante la OEA, postulación de personas inconvenientes para ser nombrados comisionados o magistrados de tal Comisión y Corte, entre otras objeciones.
Lo sucedido en el caso de Pedro Huilca es aleccionador, pues fue el Estado Peruano quien, en acuerdo con los familiares de tal dirigente sindical, aceptó la cuantiosa indemnización económica, el levantamiento de monumento en su memoria, su recordación los días primero de mayo de cada año y la creación de la cátedra Pedro Huilca en el sistema universitario. Increíble si, pero también cierto. En este caso la Corte Interamericana fue menos concesiva que el Estado Peruano pues no aceptó el allanamiento en la responsabilidad directa de los supuestos homicidas (hoy absueltos) ni la mediata del gobernante de aquellos tiempos Alberto Fujimori. La Corte Interamericana dispuso que ello tendría que ser procesado en vía nacional, como efectivamente se ha hecho, demostrándose que los acusados eran inocentes y que la autoría fue de Sendero Luminoso.
Todo lo antes señalado indujo al Estado Peruano a poner correctivos. Fue creada la Procuraduría en asuntos supranacionales, que sustituiría a los agentes en la defensa del Estado ante Comisión y Corte, lo que se hizo en el segundo gobierno de Alan García, siendo su ministro de Justicia Rosario Fernández, a propuesta del autor de esta nota y de Delia Muñoz, quienes en el 2007 habían logrado poner en la agenda de la OEA las modificaciones al SIDH, así como hacer el seguimiento de las denuncias y procesos ante el Sistema, en la representación permanente de nuestro país en la OEA.
También con los Procuradores Supranacionales, expertos en el tema, el Perú comenzó a obtener decisiones y fallos favorables en los casos en que se tenía la razón ante el SIDH, disponiéndose por norma legal que para los allanamientos se requeriría de Resolución Suprema, rubricada por el ministro del sector involucrado, con lo cual se redujeron nuestras autoinculpaciones.
Aún quedan muchas cosas pendientes por resolver, a fin de mejorar las actuaciones de la Comisión y de la Corte, por lo que hay que hacer propuestas sensatas y posibles ante la OEA para hacer las modificaciones que requiere, sea el Tratado Americano de Derechos Humanos, como los Estatutos y Reglamentos de la Corte y la Comisión. Ello es factible con el apoyo de otros países que soporten similares excesos del SIDH, como ya se logró en parte en el 2007.
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