Estado de Corrupción - Perú

Un rosario de episodios con elocuentes indicios de corrupción envuelve al actual “gobierno” de Pedro Castillo. Las permanentes investigaciones y destapes periodísticos de cómo se desarrollaría el tráfico de influencias al interior de Palacio de Gobierno, da la vuelta al mundo. Aquí, en Perú, la fiscalía ni se inmuta.

Tenemos un Ministerio Público que reprograma y dilata las investigaciones penales pese al abundante material probatorio. Se trataría de numerosos delitos ejecutados por autoría directa y, en casos concretos, en complicidad de altos mandatarios que hoy ocupan cargos en el poder ejecutivo.

Estamos, pues, ante un sistema judicial putrefacto, secuestrado y alejado de cualquier garantía constitucional que debe imperar en un Estado de Derecho. La percepción (y los hechos) indican que existe complicidad entre diversas entidades estatales que operan en forma programática, sin neutralidad y a merced de lo que dicte el gobierno de turno.

¿Acaso no es lo suficientemente hediondo encontrar 20 mil dólares al interior de un inodoro, en sede de Palacio de Gobierno? La humillación internacional por permitir que personajes ideologizados asuman cargos públicos en razón del pago de favores, se suma al estado de descomposición que genera la corrupción en todos los niveles de gobierno. Lo de Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, solo es la punta del iceberg.

Quebrar el país y corromper instituciones parece ser la agenda de Pedro Castillo en lo que va del semestre. Por supuesto, todo ello en componenda con los “partidos políticos” que cooperaron, en coalición, para traicionar al Perú al frustrar la vacancia presidencial días atrás. Las negociaciones bajo la mesa para la compra de conciencias y la obtención de votos, es una mera modalidad más del cáncer que sigue pudriendo al país y quitándole la vida y la oportunidad a miles (millones) de peruanos: corrupción. Un delito que debe ser castigado con cadena perpetua y muerte civil, cualquiera sea la modalidad ejecutada.

Delitos como el crimen organizado, el tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita para delinquir, se habrían configurado por agentes vinculados al actual régimen. ¿Qué duda cabe? Sumémosle a ello las iniciativas improductivas y las asesorías/consultorías grotescas que, junto con el pago de favores y la ejecución de los delitos precitados, evaporan el erario nacional en desmedro de los menos favorecidos.

Si bien es cierto, hoy experimentamos y denunciamos corrupción de Estado, muchas veces es en los partidos políticos donde se tejen, nacen y se configuran este tipo de delitos. Por ello, es trascendental que los propios partidos sean entes encargados de vigilar que personajes acusados por delitos de corrupción no tengan, ni por asomo, la mínima posibilidad de postular a cargos públicos. Corresponde al Congreso de la República legislar en la materia para evitar que se continúen utilizando dichos vehículos legales para que personas inescrupulosas, con serios indicios de corrupción, lleguen al poder. Se trata de romper el ciclo y detener una crisis crónica que azota al país por décadas.

Batallar contra la corrupción en el Perú es una labor titánica, noble y patriótica. Lo es más cuando el crimen se ha normalizado, es sistémico y genera un manto protector -en casos específicos- entre quienes han delinquido en sociedad. Vaya que es durísimo lidiar contra ello. Sin embargo, cuando se ha dispuesto poner la vida para defender y honrar la patria, nada nos detiene.

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