Gobierno digital
El Covid-19 nos viene demostrando la necesidad y la urgencia de reconstruir todo, desde la salud, pasando por la educación y todo el aparato estatal; sobre la marcha se vienen tomando decisiones, algunas audaces, otras apocadas; vemos cómo nuestro gobernante ensaya medidas dentro de la incertidumbre, con la esperanza de que la suerte nos acompañe.
En la actualidad somos una sociedad cada vez más digital; en el Perú hace buen tiempo que declaramos y pagamos nuestros impuestos en línea, la ley de firmas y certificados digitales acaba de cumplir dos décadas, cada vez más ciudadanos contamos con el DNI electrónico, la votación electrónica ha incursionado en las elecciones; hoy por hoy, casi todos los servicios públicos: educación, policía, justicia, constituir una empresa, solicitar beneficios, y un sinnúmero de trámites, se hacen en línea; es más fácil enumerar lo que no se puede hacer en línea: recoger nuestros documentos, casarse o divorciarse y pocas diligencias más. Los trámites se pueden hacer desde donde uno esté y al instante, navegando en páginas con formularios electrónicos prediseñados, consignamos los datos brevemente y presionamos “enviar”, evitándonos así largas colas o engorrosa papelería.
La gran característica de la vida moderna es que la burocracia y sus laberintos ya no tienen razón de existir, poco a poco se van eliminando, en los últimos tiempos con mayor razón aun; vemos cómo todas las instituciones públicas -y privadas- se han digitalizado, se viene ahorrando considerablemente en el uso de papel e impresiones. Lo que nos cuesta digitalizar, todavía, es la confianza; la gente no confía en sus gobiernos y los gobiernos no confían en ellos, precisamente los procedimientos burocráticos y la papelería surgieron para resolver ese problema, lamentablemente el resultado fue hacernos la vida más complicada. La tecnología puede ser el remedio para recuperar la confianza, al mismo tiempo que crea un sistema de prestación de servicios eficiente y centrado en el usuario y que responde dinámicamente a las necesidades de los ciudadanos.
La burocracia no puede, ni debe, ser digitalizada como tal, se deben establecer los principios básicos y comunes, el rediseño de normas y procedimientos, eliminar el almacenamiento innecesario de datos, la duplicidad de tareas, convirtiéndose en accesible y transparente. Lo primero que se debe hacer es garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos y la información, para ello se tiene que fortalecer la identidad digital a cargo del Estado, la misma que debe ser compatible con todo, con una firma digital que sea aceptada, utilizada y que garantice el no repudio en todos los organismos. Otro reto, que se viene paulatinamente cumpliendo, es lo llamado “Solo una vez”, lo que significa que el Estado no puede solicitarme los mismos datos más de una vez ni puede almacenarlos en más de un lugar; este criterio es muy importante porque define la estructura de la recopilación y almacenamiento de datos en el país, evitando la centralización, duplicación y actualización de los mismos. La propiedad de los datos también es un detalle importante que no podemos obviar; lo correcto es otorgársela al titular de los datos recopilados acerca de él y tiene derecho a saber qué información se recopila y quién accede a ella, asegurándole que no se tolerará ninguna violación de la privacidad.
En definitiva, el gobierno digital siempre debe estar centrado en el ciudadano, da prioridad a la inclusión, apertura y fiabilidad, garantiza la seguridad y la transparencia, y pone los datos en las manos de su legítimo propietario: la persona a la que se refieren. Si algo bueno nos trajo el Covid-19 ha sido darnos un empujón hacia el mundo digital.
