Gobierno y Fiscalía: pésimas decisiones

Que el gobierno de Dina Boluarte es frágil como una hoja en la tormenta, no cabe duda. Un sector político (bancadas congresales, Fiscalía, Poder Judicial) y medios de comunicación la han puesto en la mira y apuntan a su vacancia con frenesí y enorme pasión, obnubilándose. Se ve y las campañas pueden identificarse claramente. Pero el régimen pone bastante de su parte.
Hace días, el congresista Fernando Rospigliosi, exjefe de la DINI y exministro del Interior —o sea, sabe del tema— nos alertó sobre la voluntad de la presidenta Boluarte de remover al actual jefe de la DINI, coronel (r) Max Anhuamán. Distingue a este oficial su reconocida honestidad y probada inteligencia para combatir a la subversión, además de recusar a los malos elementos policiales como el oficial (r) Harvey Colchado. Tiene 3 meses y 8 días en el cargo. No hay quejas ni imputaciones contra su desempeño. Se sabe que saldría para que regrese el acusado de corrupción Iván Kamisaki, exdirector ejecutivo de la DINI, o alguien que este pueda digitar tras bambalinas.
El actual jefe de la DINI sería cambiado para que ingrese a quien separó por sus oscuros antecedentes. Quiere decir que destituirían a Anhuamán por honesto, dándole cupo a los corruptos. La DINI tiene un presupuesto envidiable. No es una buena decisión para el gobierno, ni para su imagen. Incomprensible cómo Boluarte se dispara a los pies.
Otra desacertada decisión es la emprendida por el novel ministro de Economía. La regla fiscal indica que, del 18 % del IGV que pagamos, 16 % va al tesoro público y el 2 % a gobiernos locales. Ahora estos últimos recibirán el 4 %, generando la acre crítica de los especialistas. Anuncian que se incrementará aún más el abultado déficit fiscal.
También, la disposición para las motos de tener la placa inscrita en el chaleco obligatorio parece no funcionar. Los pillos ya clonaron placas y delinquieron con todas las de la ley.
El nombramiento del expremier Gustavo Adrianzén como embajador en Naciones Unidas (ONU) irrespeta la carrera diplomática, y no es especialista en temas ONU. Aunque hay más, queda ahí.
La Fiscalía actúa sin control y no tiene freno. El régimen debería enviar un proyecto de reorganización al Congreso, no se anima. El Congreso debería actuar, hay proyectos, pero el ‘mute’ electoral prima. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuenta con los fiscales supremos. El fiscal Pablo Sánchez es íntimo de IDL y lo asesora. La Fiscalía actúa como un partido político, bloquea el regreso de fiscales supremos destituidos, empapeló de investigaciones —van tres— al jefe del Órgano de Control, Juan Fernández Jerí, paralizando su labor. El fiscal Pérez ha retomado fuerza.
Delia Espinoza dispara sin cesar contra Boluarte, con la esperanza de que una de sus denuncias prenda la chispa de la vacancia. La Fiscalía es un verdadero partido político, sin tener derecho a serlo.
Cada una de las decisiones fiscales, principalmente las que involucran a la presidenta, son rebotadas, ampliadas minuciosamente por los medios que operan con el Ministerio Público. Obviamente, ello viaja al extranjero, negativamente. Soslayan el irrespeto a las leyes del Congreso por el Ministerio Público. La sinergia de un grupo de medios-Fiscalía es evidente y suficiente. Disposiciones y cambios con intereses ajenos a la Presidencia no convienen a Boluarte.

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