Iglesia en tiempos aciagos

Quienes profesamos la religión católica, y más aún si somos practicantes, estamos francamente confundidos y preocupados por lo que acontece en el interior de nuestra Iglesia, donde con toda facilidad se pueden hacer graves acusaciones y, en muchos casos, sin probanza, contra autoridades eclesiásticas de alto grado.
Lo peor de por lo menos varios de dichos casos es que los denunciados —y con razón— se preocupan porque no tienen acceso a los expedientes de los procesos, no se les informa del contenido de las denuncias y, menos aún, pueden ejercer a cabalidad su defensa. Los dejan en el limbo de la desesperanza, pues en diversidad de oportunidades se les aplican restricciones y medidas cautelares, quedando con un pie dentro de la Iglesia y otro fuera, ya que no pueden ejercer sus funciones y magisterio a plenitud.
Lo señalado desconcierta a los feligreses, que si bien entendemos que la Iglesia tiene la autoridad suficiente y la legitimidad para extraer de la institucionalidad religiosa a quienes no se han comportado correctamente, ello debe hacerse mediante un debido proceso y con probanza satisfactoria. No debe ocurrir —casi diríamos a hurtadillas y entre gallos y medianoche— con olvido del debido proceso y de la presunción de inocencia. Tales instituciones jurídicas son universales y no están limitadas a la justicia civil para los laicos, sino que también existen en el Derecho Canónico.
Lo peor es que, cuando los denunciados son miembros de la alta jerarquía eclesiástica y sale información tremebunda —que se supone son piezas reservadas de los procesos de investigación aún no concluidos—, ello daña a quienes son inocentes. Si la información sale a la luz sin que exista resolución definitiva, es porque alguien la entregó a la prensa poco seria, alarmista y escandalosa, que, al hacerla pública, daña el prestigio, buen nombre y dignidad de los afectados. Luego, si estos son encontrados inocentes, no habrá manera de reparar el daño producido, pues, pese a todo, para algunos maliciosos podría quedar la duda.
Como vemos, no solo del Ministerio Público en el Perú se extraen piezas procesales reservadas para con ellas escandalizar a los ciudadanos. La Santa Sede o el Vaticano no son ajenos a tales prácticas, como hemos podido observar por información difundida indebidamente por un diario español y con repercusiones gravísimas en nuestra patria, o por decisiones poco felices del Vaticano, que no supo distinguir que las graves faltas son individuales y no tienen por qué perjudicar a toda una comunidad religiosa.
El cardenal inglés John Henry Newman, convertido desde el anglicanismo al catolicismo y elevado a los altares, dijo en el siglo XIX —en el que vivió—: “Doy gracias a Dios porque vivo en un tiempo en que el enemigo estará tanto fuera como dentro de la Iglesia y rezo por los pobres fieles que quedarán atrapados en el fuego cruzado”.
Parecería que los tiempos que pronosticó el citado cardenal los estamos viviendo con honda tristeza. Por ello, desde nuestra posición de simples seglares creyentes, debemos pedirles a las autoridades eclesiásticas que sean céleres en las investigaciones y procesos y que, si estos son de carácter reservado, realmente lo sean, pues anticipar supuestas verdades a medias y no corroboradas genera muchísimo perjuicio.

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