La Carta Democrática Interamericana y el pedido del gobierno peruano

Como sabemos, recientemente la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución, a pedido del gobierno peruano, para que se activen los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, y que el referido organismo envíe una misión al país. Como sabemos, se han generado reacciones de diversos sectores políticos, que en su mayoría interpretan la resolución de la OEA como un acto de intromisión en asuntos internos de un país, que incluso afecta nuestra soberanía.
Es menester recordar que, precisamente, fue Lima la sede de la reunión de la Asamblea General de la OEA cuando, en septiembre de 2001, se decidió aprobar tan importante instrumento internacional, en aras de contribuir a la preservación del sistema democrático en todos y cada uno de los países que integran el citado organismo, el cual no avala la permanencia en su interior de países antidemocráticos, motivo por el que la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua no cuentan con el respaldo pertinente.
Corresponde aclarar que la citada Carta no tiene por finalidad respaldar a ningún gobernante, ni defender los lineamientos ideológicos que identifican a un determinado régimen. Esta supuesta potestad no está prevista en ningún artículo del mencionado instrumento. Teóricamente, de lo que se trataría es de permitir que, al amparo de los principios que se enarbola desde la instancia internacional, se pueda contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y concertadas a las eventuales confrontaciones internas suscitadas en un país, pues, de continuar, éstas pueden terminar afectando al sistema democrático.
Los referidos artículos 17 y 18 de la Carta prevén que “Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio en el poder, podrá recurrir al Secretario o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”. También se establece la posibilidad de que la OEA podrá “(…) con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.
En atención a lo señalado, cabe formular las siguientes puntualizaciones: Primero, el Perú es parte firmante de la Carta Democrática Interamericana; por tanto, ésta tiene un efecto vinculante para el país, y como Estado tenemos la obligación de cumplir las previsiones del citado instrumento, independientemente de quién o qué partido esté gobernando; por consiguiente, no podemos renegar de la normativa internacional cada vez que ésta pretenda aplicarse en nuestro territorio. Sólo las dictaduras se rebelan ante el Derecho Internacional. Segundo, los artículos 17 y 18 de la susodicha Carta, invocados por el presidente Pedro Castillo para su aplicación en el Perú, no significan que la OEA asuma como ciertas las versiones unilaterales que haya emitido nuestro actual Presidente y su entorno; sino que, precisamente, para verificar la certidumbre o veracidad de la versión presidencial, el organismo regional requiere desplazar una comisión in loco para que la misma tome contacto con las instituciones del Estado y de la sociedad civil comprometidas en el conflicto político y social. Culminada la evaluación, con un criterio formado, la OEA debe realizar las recomendaciones pertinentes. Tercero: he aquí el punto: el comportamiento del Gobierno no inspira confianza en la ciudadanía; es decir que, si bien la posibilidad de solicitar la aplicación de la Carta y la intervención del citado organismo son legales, debemos estar vigilantes al desarrollo de la visita de la OEA.
Como también sabemos, la OEA no tiene potestad para impedir que continúen las investigaciones penales al Presidente; de modo que estas van a continuar y terminar esclareciendo los presuntos actos delictivos cometidos al amparo del poder. Finalmente, sin caer en el historicismo, y hasta sin perder el realismo político, sabemos que el actual régimen ha dado muestras de su inminente agotamiento, lo cual terminará con la dimisión, voluntaria u obligada, del Presidente.

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