La entrometida CIDH

¿Hasta cuándo los peruanos permitiremos ser tratados como una tribu incivilizada por los intereses foráneos? ¿El Defensor del Pueblo, José Gutiérrez, no cree que parte de su rol es pronunciarse contra la intromisión de agentes externos en los asuntos que solo competen a las instituciones democráticas que representan al “pueblo” peruano? Dicho esto, ¿quién se supone que tiene que frenar a ese nido supranacional de burócratas comunistas llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos, OEA, y otros entes supranacionales, que responden a su propia agenda?

Ayer la CIDH realizó una audiencia pública en Perú, solicitada por el IDL en diciembre de 2023, cuando la suspendida Patricia Benavides seguía ejerciendo el cargo de Fiscal de la Nación, pese a que su asesor Jaime Villanueva reconoció el contenido de chats en los que supuestamente él coordinó con un congresista para influir en votaciones parlamentarias. Lo que no dice IDL es todo lo revelado por Villanueva sobre su máximo representante, Gustavo Gorriti.

La audiencia abordó la situación por la que atraviesa el Ministerio Público de Perú, según el entender de las oenegés zurdas. En ella participaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional el IDL –del operador político Gustavo Gorriti y, según denuncias por corroborarse quien dirigió al equipo de fiscales en los casos Lava Jato, Alan García y Keiko Fujimori– y WOLA, cuya presidenta es la lobbista Nancy Belden, de ‘Belden Russonello Strategists LLC’. Su empresa realiza encuestas para ofrecer mensajes basados en investigaciones y consultoría de comunicaciones, ayudando a oenegés, campañas políticas, medios de comunicación y otros clientes.

En 2022, congresistas de distintas bancadas rechazaron la intromisión de la OEA y la CIDH sobre la moción de vacancia presidencial. Esto porque el canciller César Landa, del gobierno del impresentable y golpista Pedro Castillo, envió una carta a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, pidiendo la presencia de representantes de la OEA en el debate; y la CIDH expresó su preocupación por la aplicación de esta figura constitucional. ¿Se puede saber qué interesa lo que busquen unos burócratas deseosos de moldear la región según su roja visión y ansias de poder? Para el castillista Landa, la presencia de la OEA y la CIDH era de “transcendencia para la gobernabilidad del país y para la preservación de la democracia en el continente”.

En 2021 el Gobierno de Colombia reaccionó contra la CIDH, acusándola de intromisión en asuntos internos, de justificar la violencia y de querer convertirse en un “actor político” en etapa electoral alineándose, con ciertos sectores; refiriéndose a los partidos izquierdistas ‘Colombia Humana’, de Petro, y el ‘Polo Democrático’. Iván Duque dijo que “insistentemente la CIDH llama a un diálogo a fin de atender lo que considera son las ‘demandas legítimas’ de la población en el marco de la democracia…(minando) la legitimidad de la institucionalidad del Estado”.
¡Más dignidad, peruanos!

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