La estrategia colonialista de legalizar el aborto
La beligerante actitud de la nueva izquierda representada por Indira Huilca, Marisa Glave y Tania Pariona en la Comisión de Justicia para que se legalice el aborto libre como política de Estado que resuelva el “drama de las mujeres a las cuales se les obliga a terminar con un embarazo no deseado”, tiene una razón de ser que va más allá de las libertades y derechos que argumentan en defensa de las mujeres, y que es la causa del sumo interés de este gobierno de usarlas como cuerpo de choque en el Congreso.
Que el aborto sea un derecho es tan absurdo como convertir en derecho el matar a las personas que no piensan como nosotros porque constituyen un tormento en nuestra vida, o matar a los que ya no deseamos tener como pareja o no quieren estar más con nosotros, porque ambas cosas nos harán la vida sufriente. La lógica del absurdo.
Pero lo más absurdo es la pretensión de que se convierta en ley un falso derecho que legalizaría un crimen, en contra del Orden Constitucional, pues nuestra Constitución Política, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la ley penal peruana lo prohíben y garantizan el derecho a la vida del concebido, al cual se le considera para todo efecto jurídico: una persona humana.
¿Cuá sería el interés de este gobierno y sus aliados de izquierda en legalizar un crimen de lesa humanidad como falso derecho? Pues es obvio que obedece en principio a la agenda colonialista del Gobierno Mundial, que busca bajo la promoción de la muerte como solución a los problemas sociales, desaparecer dos tercios de la población mundial; y que en países como el Perú con riquezas apetecibles para sus auspiciadores, se haya convertido en una prioridad y estén invirtiendo miles de millones de dólares para colonizarnos con un exterminio de la población disfrazado de conquista de nuevos derechos humanos, el colmo de la perfidia criminal.
En segundo lugar, tal interés inusual obedece a un compromiso que los comprometidos tendrán que dar cuenta ante los tribunales de justicia imparciales que deberemos conformar cuando sea develado este concierto delictivo internacional y los que ahora detentan el poder nacional de esta dictadura sean juzgados por el grave daño y perjuicio a la nación que vienen cometiendo con estos delitos de genocidio y traición a la Patria.
La Defensoría del Pueblo defendiendo la legalización del aborto justifica constitucionalmente la destitución del Defensor.
