La Fiscalía, otro partido político ilegal
La reciente prohibición de circular dos personas en moto para frenar los ataques delincuenciales resultó ineficaz. Los últimos asesinatos y balaceras han ocurrido bajo esta modalidad. El Ejecutivo tiene que revisar su medida. Pero el desborde criminal que padecemos se debe a varios factores; uno de los más importantes es la falta de sinergia entre la Fiscalía de la Nación y la Policía.
Lamentablemente, la titular del Ministerio Público (MP), Delia Espinoza, ha incrementado la politización de la institución. Está enfrascada en una lucha sin cuartel contra la Policía porque el Congreso legisló señalando que la investigación preliminar del delito está a cargo de los agentes policiales. Anteriormente era al revés, pero no funcionó. La Fiscalía ha pedido la derogatoria ante el Tribunal Constitucional. Mientras ello se defina, irrespeta la norma vigente. Es un claro desacato, un escándalo jurídico. Nada pasa.
El MP suelta a los delincuentes capturados por la policía. Hace pocos días, la fiscal Jéssica Gomero liberó rapidísimo a 16 maleantes venezolanos, capturados con droga y armas. Usó argumentos estúpidos, siguiendo la línea política marcada por Delia Espinoza. A la semana, seis de los capturados dieron positivo a la prueba de absorción atómica. Tenían plomo en las manos, habían disparado. Dispuso comparecencia para los bandidos. Obvio: se las picaron. Gomero permanece en el puesto, defendida por la Fiscal de la Nación (FN), ambas pagadas con nuestros impuestos.
La fiscal Espinoza ha cohesionado a los funcionarios del MP en torno a esta delirante insubordinación. Además, continúa la politización de su institución iniciada por su colega Pablo Sánchez, quien creó el adefesiero caso “Los Cuellos Blancos” e inauguró la persecución contra los partidos, principalmente contra el fujimorismo. Sus sucesores, con la anuencia de una politizada Junta Nacional de Justicia (JNJ), sacaron a patadas a dos fiscales de la Nación, disidentes de la línea mafiosa. Los fiscales del proceso Lava Jato reinaron, coludiéndose con Odebrecht. Pero se les cayó el caso “Cocteles”, a cargo del desequilibrado fiscal Pérez, destruyendo la lucha anticorrupción.
Finalmente, la Autoridad Nacional del Control (ANC) del Ministerio Público (MP) suspendió 6 meses a Pérez por (groseras) infracciones administrativas en el caso “Cocteles”. Cual espadachín, la fiscal Espinoza denunció al titular de la ANC ¡por abuso de autoridad!, porque a Pérez le impidieron el ingreso al MP. Lo vengó. Espinoza también ha empapelado de investigaciones a la presidenta Boluarte, tema en revisión por el TC.
El TC y el Poder Judicial dispusieron la reincorporación de los fiscales supremos Tomás Gálvez (destituido arbitrariamente por la anterior y politizada JNJ por el caso “Los Cuellos Blancos”) y Luis Arce Córdova (destituido por renunciar al JNE ante las maniobras fraudulentas de su expresidente Jorge Salas Arenas y también por “Los Cuellos Blancos”). En política se diría que la correlación de fuerzas, por lo menos en el comité central (la junta de fiscales supremos), debe cambiar. Son cuatro “progresistas”, ligados incondicionalmente al IDL y dos reivindicados por la justicia. Faltaría el fiscal Pedro Chávarry, pero excede la edad permitida.
Esperemos que la rebelión contra la ley y la politización amainen. Muchos piensan que el Congreso debe arreglar esta chanfaina en la que se ha convertido el MP. Pero los parlamentarios están ahogados en denuncias graves y ciegos ante la corrupción. Un incierto panorama.
