La imposición de la identificación digital no es constitucional
Bajo pretexto de pandemias y alto riesgo por inseguridad ciudadana, los peruanos venimos aceptando la imposición de medidas violatorias de los más esenciales derechos que reconocen nuestra dignidad de seres humanos.
Nos suspendieron los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la inviolabilidad de domicilio, al trabajo, a la libertad de decidir sobre la esfera íntima de nuestra salud y vida y de nuestra familia, a ejercer nuestros derechos civiles, por no portar un pasaporte sanitario; nos coactaron el derecho a la libertad, inherente a la dignidad del hombre.
Han codificado con códigos MAC (la marca de la Bestia) a los seres humanos que se sometieron al plan genocida de vacunación forzada y los han conectado con la computadora central que se encuentra en Bélgica, y que denominan “La Bestia”, y los dirigen con mensajes digitales desde un ordenador que se comunica por la IA, Inteligencia Artificial (la imagen de la Bestia), con sus cerebros, a través de las antenas 5 G, Lo que explica el injustificable interés de Vizcarra y demás gobernantes 2020, de instalar estas antenas durante la cuarentena.
Las PATENTES con el número de la Bestia: WO 2020060606 y WO 2020060606 A1, registros de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, son pruebas de que Microsoft ha patentado el 20/06/2019 un sistema de conexión digital con los cuerpos humanos, vinculado con otro sistema de uso de monedas digitales a través de los cuerpos humanos.
De ahí la celeridad con que los gobiernos han acelerado la fabricación de monedas digitales, como el BCR de Perú, para obligar a la población a someterse a la “identificación digital” para acceder a su dinero o cobro de la “renta básica” (elemento de coacción), que Boluarte ha anunciado con sonrisa cómplice: para TODOS, pues pretenden que los que se nieguen, no puedan comprar, vender, trabajar, ni ejercer sus derechos civiles, pues la moneda física la prohibirían.
No someternos a estos crímenes de lesa humanidad y exigir el respeto de nuestra libertad de usar el dinero físico, impedirá que puedan lograrlo.
El Estado no tiene facultades constitucionales para imponer a las personas una identidad digital, ni el uso de monedas digitales, ni condicionarles el acceso a los servicios esenciales y al ejercicio de sus derechos constitucionales. Hacerlo por satisfacer intereses extranjeros es delito de traición a la Patria, y viola los derechos a no ser sometido a tratos crueles o humillantes, ni a condiciones que degraden la integridad y dignidad humana.
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