La inquisición morada

Durante los últimos meses, la bancada del Partido Morado ha hecho un notable esfuerzo, a través de su producción legislativa, por marcar distancia respecto del populismo que impera en el Congreso. Sin embargo, aunque se arrogan una supuesta superioridad “técnico-moral” que los separaría de una “vulgar” mayoría populista, algunas de las normas que vienen impulsando terminan siendo casi tan demagógicas como aquellas que les critican a otras bancadas.

El último de estos proyectos que en la forma aparentan ser muy serios, pero en el fondo no logran mucho más que complacer a las multitudes, es la llamada “Ley Anti Prófugos”.

Inspirándose con nostalgia en la figura virreinal del juicio de residencia -que, en simple, suponía un proceso de revisión de las cuentas de los virreyes cuando dejaban el cargo- los morados pretenden introducir en la Constitución una especie de arresto para cualquier persona que ejerza la Presidencia de la República o el cargo de gobernador regional.

El objetivo sería impedir que escapen de la justicia una vez concluido su mandato, prohibiéndoles salir del Perú por un plazo de seis meses salvo que obtengan un permiso otorgado por el Congreso con mayoría calificada.

Esta propuesta constituye una clara respuesta “institucionalista” de los morados a la más reciente moción de vacancia impulsada contra Martín Vizcarra, así como una adhesión a la postura que apoya rechazar la vacancia para que haya una investigación y juicio post culminación del mandato presidencial.

No obstante ello, no deja de ser una medida evidentemente inconstitucional que atropellaría derechos fundamentales como la libertad de tránsito y la presunción de inocencia, pues los restringe severamente sin siquiera exigir indicios que ameriten el inicio de una investigación formal. Además, supedita el ejercicio de esos derechos a una evaluación política del Congreso.

Por otro lado, es una respuesta a la coyuntura política no muy distinta a las que ya nos tienen acostumbrados otras bancadas, quienes usan la legislación como un medio para ganar popularidad. Más aún si tomamos en cuenta que el problema de la fuga puede resolverse a través de medidas ya existentes, como el impedimento de salida del país, pero siempre dentro del marco de una investigación.

A través de esta iniciativa, no solo se está pretendiendo remedar figuras jurídicas virreinales que al día de hoy son incompatibles con un Estado constitucional de derecho, sino que también se está invocando al espíritu inquisidor característico de esas épocas y que vuelve a estar tan en boga hoy.

No por combatir la corrupción podemos vivir en un estado de constante sospecha, en el que asumimos la culpabilidad del otro hasta que se demuestre lo contrario. Tampoco podemos convertir al ejercicio de los cargos más importantes del país en un martirio que ahuyentaría hasta al más patriota y honrado de los peruanos. Bajo condiciones como esas, la convivencia en sociedad y la construcción de un proyecto común se vuelven inviables.