La ley de la selva
Alrededor de diez líderes indígenas amazónicos fueron asesinados en lo que va del 2020 a la fecha. La víctima más reciente es el asháninka Lucio Pascual Yumanga, reconocido defensor de nuestros bosques.
En declaraciones a la prensa, Wacgner Chamicar Shoncoqui, vicepresidente de la Asociación de Comunidades Asháninkas del Valle del Pichis (ANAP), explicó que la tragedia comenzó el 30 de noviembre. Ese día, dos integrantes de su comunidad –Paz de Pucharine– salieron a cazar y no volvieron; otros tres fueron en su búsqueda, pero ninguno regresó. La PNP los encontró el pasado miércoles.
El cadáver de Lucio Pascual Yumanga, muerto por heridas de bala, yacía en la zona de selva de Pasco. A saber, sicarios contratados por narcotraficantes fueron los encargados de asesinarle. Perú es el noveno país más peligroso del mundo para los guardianes de la naturaleza, enfrentados no solo al narcoterrorismo, sino a los traficantes de madera, armas y tierras, y a los mineros ilegales que conforman una red mafiosa destructora y contaminadora, invasora de territorios indígenas y áreas naturales protegidas de la Amazonía.
La comunidad Paz de Pucharine es asediada por grupos armados invasores de la zona de amortiguamiento de la reserva comunal El Sira, según denunció el presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Berlín Diquez.
Mientras esto ocurre en el Perú real, en la burbuja política proliferan los dimes y diretes, las negociaciones por debajo de la mesa, el dame que te doy, y nada más. Los principales enemigos de los peruanos de a pie, de la democracia y de la paz social son, justamente, los llamados a salvaguardarlos.
La ley de la selva impera en todos los poderes del Estado y en ese monumento al mal gusto que es la casa de Breña, que si fuera usada por un aprista o un fujimorista, la prostiprensa le llamaría “mansión de Breña”.
La economía continúa desplomándose, la pandemia aparentemente se está descontrolando, nuevamente, y la fuga de capitales y talentos es imparable. Somos testigos de la demolición de la Nación por unos obsesos cuya meta histórica es desaparecer la Constitución del 93, lo que supone el fin de la democracia peruana y las libertades y derechos asociados a ella.
Enfrascados en escándalos para la repartija de migajas, lolas socios de este gobierno incompetente no se inmutan por lo ocurrido en la selva, que representa prácticamente el 70% del territorio nacional. El epicentro de Castillo y demás estropajos oficialistas, de sus vergonzosos aliados y ordinarias apretadas ganapanes, es la casa de Breña.
Mientras tanto, la gran preocupación de la ministra de Cultura, Gisella Ortíz, es la piñata de un burro que a su entender ofende al presidente. Sobre las acciones del viceministerio de interculturalidad para evitar más asesinatos de líderes indígenas, nada. Todo es piñata, piñata, piñata. Hasta un loro diría algo coherente.
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