La marcha que no queremos ver

Entre epítetos y adjetivos de caviares, terrucos, violentistas, desestabilizadores, comunistas y utilizadores de protestas ciudadanas con fines políticos, se ha pretendido tapar el sol con un dedo. La población, por más intencionalmente desinformada que esté, se va dando cuenta de la verdad, y que la delincuencia creciente a niveles de terrorismo sistemático no es obra de la casualidad, sino que estamos ante la ejecución de un plan de fabricación de terrorismo en las ciudades, denominado “terrorismo urbano”, y que el pacto migratorio indiscriminado que firmó Vizcarra tuvo por objetivo generarlo, a fin de provocar caos, violencia, terror y muerte; el psicosocial de masas perfecto para mantener aterrorizada a la gente, y que no se den cuenta de que el gobierno está firmando tratados y disposiciones legales de sometimiento del Perú al gobierno mundial de la ONU, entregando así nuestro país a intereses extranjeros.
La marcha ciudadana contra la creciente criminalidad tiene una razón por demás justificada. Se están muriendo en las calles, y no hay ninguna seguridad de que vuelvan vivos a sus casas. Los choferes han enarbolado esta protesta, con legitimidad incuestionable, dada la zozobra en la que están trabajando con cifras de compañeros asesinados cada día. Las diferentes organizaciones sociales, que han visto en ellos la posibilidad de sumar su protesta por diversas situaciones de ausencia u omisión de deberes de la autoridad gubernamental y de las instituciones del Estado, han salido a marchar demandando la atención de problemas álgidos y cruciales para la vida de sus pueblos: están robando el pescado y los mariscos de nuestras 200 millas de mar, y los pescadores artesanales no los encuentran, pasando hambre y miseria; los familiares de los muertos a mansalva por salir a protestar, hasta ahora sin justicia; los trabajadores de construcción están siendo asesinados por las mafias que cobran cupos; los estudiantes de la Universidad de San Marcos están siendo vejados y detenidos por la Policía; están aprobando leyes en contra de los pueblos amazónicos; los maestros reclaman, sin respuesta, amparo de sus derechos; siguen inoculando falsas vacunas (sustancias letales) a niños, ancianos y adultos, coaccionándolos para recibir atención médica o ir a la escuela; y los luchadores por la verdad se han sumado a esta marcha, entre muchos otros gremios y pueblos olvidados por la agenda gubernamental.
Y la ciudadanía que ve cómo los Poderes del Estado están al servicio de la agenda 2030 de colonización del Perú por una élite que está destruyendo nuestra nación, ha considerado un deber cívico salir a marchar para defender la Patria. ¿Por qué no queremos ver la legitimidad de esta marcha?

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