La propuesta de Burneo apesta a pescado podrido

El JNE, ante el Congreso, propuso un proyecto de ley para la suspensión de las organizaciones políticas en caso de sospecha de falsificación de firmas de afiliados por un mismo puño gráfico; cuando el número de afiliados no alcanza el mínimo legal requerido; o cuando el número de comités en funcionamiento esté por debajo del mínimo establecido.
Para subsanar observaciones se propone otorgar plazos que van de 10 a 60 días hábiles que, de no lograrse, “recién” se iniciaría el proceso de suspensión que, de ser el caso, determinaría una sanción de entre 6 meses a un año a los partidos ya inscritos.
Este “iniciativa legislativa light” saca cuerpo, derivando posibles casos de falsificación a la fiscalía y el Poder Judicial, para que sean estas quienes resuelvan, sancionen penalmente y cancelen la inscripción del partido político. Es decir, todo igual, tal como es ahora.
Eso sí, la propuesta legislativa es draconiana contra el personero legal, el fundador y/o directivo del CEN. Es decir, este proyecto de ley libera de sanción penal al verdadero falsificador de firmas, quien, en la práctica, es el afiliador en calle, el que, como todos sabemos, es un contratado, un tercerizado.
Quijotes, en vez de proponer se otorgue a la RENIEC la capacidad resolutiva para determinar si una firma es falsa o no; en vez de proponer se implemente tecnología en todas las etapas del proceso de afiliación, constitución e inscripción partidaria ante el ROP del JNE; lo que realmente se pretende es disuadir penalmente la iniciativa de nuevos actores políticos; que sea un procedimiento administrativo inacabable e hiperoneroso.
Así, se infiere que Burneo tendría el mandato de mantener el statu quo favoreciendo a los “partidos hermanitos”, ralentizando nuevas inscripciones, conservando lo anacrónico del actual proceso de afiliación e inscripción, preservándolo en el paleolítico tecnológico.
Hermanos peruanos, esta propuesta legislativa “apesta a pescado podrido”, es más de lo mismo. Las causales son las mismas, los plazos son mayores e inacabables.
¿Es acaso que los burócratas desconocen que los falsificadores son los tomadores de firmas y no el personero legal o el dirigente político? ¿Acaso se pretende que sean estos los que estén en las calles y recorran el país afiliando?
Quijotes, lo que propone Roberto Burneo es literalmente “inservible”… ¡es absurdo!
Si la ONPE, el JNE y la RENIEC no cuentan con la capacidad técnica, lo que corresponde es que la tengan. La afiliación partidaria ya no debe ser un proceso artesanal; debe migrar a uno tecnologizado mediante escáner, tablet, celulares, sistemas biométricos y de reconocimiento facial.
Innovando el proceso, las afiliaciones serían a través de la web, aplicativos y plataforma de afiliación partidaria en línea con el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, generándose en automático la afiliación e imposibilitando falsificaciones.
Quijotes, actualmente ya se está en la capacidad de diseñar un sistema de afiliación totalmente tecnologizado, pero, si las autoridades proponen que todo quede igual, es porque les es beneficioso o útil esta fuente de corrupción, porque es una herramienta política ad hoc, o porque son inútiles e incompetentes… o ¿quizá sean las tres razones?

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