La responsabilidad de las distintas expresiones de la oposición

El gobierno de Boluarte es bastante liviano, no cuenta con gran peso específico. Ministros que no destacan por su gestión sino por protagonizar una competencia pública por quién es el escudero más incondicional de la Presidenta. Una jefa de Estado que se puede pasar casi 100 días sin hablar con la prensa y que tiene que cargar con la sospecha de la corrupción por el Rolex/Wayki, por presuntamente blindar al hermano y —peor aún— con la creciente sensación de que no existe voluntad para capturar al corrupto de Cerrón. Los temas en el debate nacional prácticamente son puestos por otros intereses o poderes en los cuales el Ejecutivo solo es un simple espectador.

Esto descoloca a la oposición en general, pero sobre todo a la parlamentaria que transita entre darse gollerías a sí misma o aprobar normas que claramente los benefician en un enfoque bastante desvergonzado. Es obvio que por estas cosas —y por el esquema de la sobrevivencia cruzada con Boluarte— tienen actualmente menos de los dos dígitos de aprobación. Existen claramente sus excepciones en cuanto a las ideas que proponen. Más allá de estar de acuerdo o no, creo que en el debate han impulsado leyes que vale la pena discutir, entre otros Adriana Tudela, Diego Bazán, Fernando Rospigliosi, Gladys Echaiz, Carlos Anderson.

Tanto la oposición congresal como la que no se encuentra en el parlamento deben asumir que, al no existir línea de acción política clara por parte de Boluarte, nos toca a nosotros tratar de impulsar la agenda del país que, además, rivalice con los sectores ultras o aquellos que se sienten dueños de parte de la institucionalidad del país. Y para mí, los temas que debemos poner sobre la mesa son la despolitización del sistema de justicia, la fiabilidad de los órganos electorales y un consenso mínimo en los aspectos de ineludible abordaje de la gran agenda social postergada en los últimos años.

Claramente, tenemos un sistema de justicia politizado con acento en la Junta Nacional de Justicia y en el Ministerio Público. Las distintas expresiones de la oposición no debemos dar la causa de su reforma por perdida, puesto que estamos en un momento en que quienes han instrumentalizado estas instituciones —Vizcarra y compañía— están debilitados. Lo mismo con los órganos electorales, que al margen del debate sobre el fraude o no, han tenido un comportamiento impropio y parcializado. La renovación ineludible de sus conductores es un sentido común en el cual no hay que dejar de insistir.

Por último, es cierto que el gobierno de quien ofició de cajera de Perú Libre parece impenetrable hasta por ósmosis a cualquier idea o planteamiento sobre los temas de gobierno; sin embargo, eso no quiere decir que debamos renunciar a su discusión pública, tratando de crear un sentido común sobre aspectos fundamentales.

Entre otros, podría mencionar algunas aristas claves de la “agenda social” que deben llegar tibias al debate electoral en 2026: un esquema de impulso para las mipymes y los pequeños productores agrícolas. Solo con estos dos sectores estamos hablando de la mitad del país.

Pero también a la pesca artesanal, a la familia policial y militar. El mejoramiento de la salud pública, el debate sobre el control al abuso de diversos oligopolios, la vivienda social y, evidentemente, la seguridad ciudadana. Colocar la agenda social en debate desde ahora evitará que las propuestas autoritarias cobren más fuerza.

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